La mercantilización de la Salud Mental y la postura de Santa Cruz

Ya en junio del 2023 la plataforma electoral de Javier Milei estipulaba una serie de cambios que su espacio, La Libertad Avanza, proponía para el país.

Lo que siguió después ya es de vieja data. Milei dijo en campaña lo que efectivamente cumplió a pocas semanas de asumir: llegó con un enorme paquete de reformas agrupadas en 351 páginas y más de 660 artículos con cambios que tocan áreas que van desde la producción, la educación, ciencia y etcétera.

El artículo 9 de su espacio político ya estipulaba la “modificación de la Ley de Salud Mental”, pero no especificaba qué cambios. Con el reciente DNU y la llamada “Ley Ómnibus” se conoció el detalle que en campaña se desconocía.

La gestión ahora avanza sobre la normativa vigente en materia sanitaria mental, la Ley 26.657, donde modifica aspectos sensibles que despertaron, quizás un poco tarde, la polémica.

El ex diputado nacional y autor de la Ley de Salud Mental, Leonardo Gorbacz, advirtió a Página 12 que el proyecto “intenta cambiar de un plumazo una ley que fue construida en un debate de 3 años con participación de organismos de derechos humanos, profesionales y personas usuarias”.

En particular, la preocupación en profesionales radica en dos puntos específicos: amplía los criterios de internación de los pacientes y vuelve a permitir, e incluso potenciar, a los manicomios. Otro de los puntos no menores estima la instalación de la figura de un juez como decisor de la internación.

No hace mucho tiempo ya se debatía y se discutía en torno a la Ley de Salud Mental, es decir, la normativa era imperfecta y tenía aristas que fueron, y aún son, foco de disidencias entre profesionales en la materia. Un punto casi concordante es que la misma está enfocada en la atención y pierde el eje en la prevención.

Sucede que las modificaciones lejos están de resolver esos viejos problemas y, por el contrario, parecieran crear nuevos. Por estos días, cuando se habla de política sanitaria y el DNU de Milei, se menciona la mercantilización de la salud.

Que el presidente electo tenga una mirada mercantil sobre casi todas las áreas de la política y el Estado no es nuevo, o por lo menos no debería sorprender a nadie, pero ahora el detalle del paquete de reformas lo hizo más tangible.

¿Qué pretende modificar en la normativa? Estima una modificación del artículo 5 de la ley actual y habilita a jueces a dictar internaciones involuntarias a las personas que presuntamente tengan existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental.

“En caso de que situaciones particulares del caso frente a elementos concordantes y de convicción que así lo indiquen, el juez podrá adoptar medidas de atención urgentes y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria”, señala la modificación.

Algunos profesionales dividen aguas en este punto. Para el propio autor de la ley, y para profesionales de salud mental en Santa Cruz, no es necesario facultar a un juez para que él mismo determine una internación, una competencia específicamente sanitaria.

“Yo creo que la ley de salud mental tiene que ser reformulada, pero no con una quita de derechos, no con una mercantilización de la salud mental, no con la apertura de más centros de atención monovalentes cuando eso ya está demostrado que no sirve, que no es beneficioso por el grado de estigmatización social que ya tiene la salud mental”, señaló el psiquiatra de Santa Cruz, Mauro Morelli, a La Opinión Austral.

La intención, entiende el profesional, “es, entre otras cosas, precarizar todo el sistema de salud para generar un proceso de migración hacia lo privado“.

La modificación de la normativa, además, modifica los puntos esenciales de la internación involuntaria de los pacientes y pone trabas para terminar las mismas. Por ejemplo, al indicar que la salida del paciente será “apenas cesan las circunstancias que le dieron motivo” de la internación y no “la situación de riesgo“, como prevé la ley de Salud Mental.

En otro tramo, mientras la normativa actual prohíbe expresamente la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación, la reforma de Milei plantea lo opuesto y determina que “deberán funcionar conforme a los objetivos y principios expuestos, y de acuerdo a las reglamentaciones que establezca la autoridad de aplicación”. Incluso, habla de “instituciones adecuadas“, en lugar de “hospitales generales” que, a priori, pareciera ser un gris en la reforma, pero es un guiño al sector privado.

Morelli aseguró que, por el contrario, “tenés que fortalecer espacios de atención para esas mayorías en donde está el verdadero problema, y esa atención además tiene que ser de excelencia para que también las minorías puedan acceder cómodamente”.

El cuadro es apenas una parte de los cambios en materia sanitaria. La modificación de la normativa viene, en paralelo, con otra polémica. Esta vez, vinculada a farmacias. Este jueves la Confederación Farmacéutica Argentina, en la cual el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz pertenece a esa entidad madre, presentó un recurso de amparo.

“Lo que nosotros hacemos es política sanitaria y este DNU va, lamentablemente, a impactar y va a tener consecuencias graves en la salud del paciente”, señalaron a La Opinión Austral.

¿Qué cambios se introducen? La posibilidad de que los medicamentos denominados de “venta libre” y de especialidades farmacéuticas puedan ser vendidos fuera de las farmacias, por ejemplo, un kiosco de barrio. Además, estima que las farmacias funcionen sin farmacéuticos para realizar y controlar dispensas.

Agrega, en tanto, que los profesionales farmacéuticos puedan ejercer la Dirección Técnica de más de una farmacia, aún sin estar presentes, esto implicaría que las ventas de medicamentos las puedan realizar auxiliares.

“Dijeron que la idea de este DNU es que bajen los precios de los medicamentos, pero hay que aclarar una cosa, que las farmacias no son formadoras de precios, los laboratorios, en cambio, sí, son los que regulan los precios de los medicamentos”, indicaron desde Santa Cruz.

“El rol del farmacéutico en una farmacia es de suma importancia porque somos los que controlamos, administramos, es el que está encargado del origen, de la conservación, del asesoramiento de todos los medicamentos que dispensamos y también cumple el rol importante como por ejemplo en la vacunación, en la colocación de inyectables, en la toma de presión, en el seguimiento del uso racional del medicamento. Sin el farmacéutico se cae en la ilegalidad realmente y con este DNU es preocupante“, mencionan al respecto.

La venta de medicamentos por fuera de la farmacia, señalan, “induce a la venta sin control, porque, por más que sea de venta libre, tiene implicancia en la salud, porque puede causar daño si están tomando inadecuadamente, aumenta la automedicación y va a impactar directo en la salud del paciente”, marcan con preocupación desde el sector.