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El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz revocó la medida cautelar que impedía al Gobierno de Santa Cruz retener fondos de la coparticipación a los municipios deudores de los aportes que tienen destino la Caja de Previsión Social.

Como ya informó La Opinión Austral, la decisión ratifica la legalidad del régimen de aportes previsionales vigente en la provincia y abre un nuevo escenario en la disputa por el financiamiento del sistema jubilatorio. De esta manera, deja sin efecto un planteo que había sido presentado en su momento la Municipalidad de Río Gallegos y que estaba pendiente de una resolución por parte del máximo tribunal de la provincia.

Tras conocerse la resolución, la ministra de la Producción, Nadia Ricci, dialogó con La Opinión Austral y analizó el impacto que tendrá la medida en la administración de los recursos públicos. La funcionaria fue tajante respecto a lo que implica este cambio para las intendencias que mantienen deudas con los entes provinciales.

“Significa que definitivamente se va a dar cumplimiento a que en la retención que hoy es ilegal que realizan los municipios respecto de los aportes que tienen que hacer —el aporte patronal del municipio y el que le retienen a la gente pero que no se lo entregan a la provincia—, hoy van a tener que dar cumplimiento a esa obligación”, sentenció Ricci.

Recordó que se trataba de “una obligación que no se cumplía hacía mucho tiempo” y remarcó las consecuencias financieras positivas para las arcas estatales: “Esto significa reducir el déficit de la caja de previsión social, algo que también colabora con la reducción del déficit de la provincia“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 8 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El respaldo político e institucional

Por su parte, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, habia señalado que la resolución judicial representa un paso clave para el ordenamiento institucional de Santa Cruz.

“Este fallo reafirma la institucionalidad y que las leyes hay que aplicarlas como están, porque para eso fueron sancionadas“, expresó Elmiger. La titular de la cartera política añadió que la medida otorga previsibilidad y que “de lo contrario, es el Estado provincial el que termina sosteniendo las jubilaciones de los trabajadores municipales cuyos aportes no fueron ingresados“.

A las repercusiones se sumó el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, quien subrayó la importancia de resguardar la sustentabilidad del sistema jubilatorio a largo plazo.

El funcionario aseguró que el fallo marca una pauta clara para las administraciones locales y recordó el carácter solidario del régimen. “A partir de ahora corresponde que todos los municipios cumplan con las obligaciones que establece la legislación vigente, porque de ello depende el cuidado de los recursos de todos los santacruceños”, concluyó respecto a la necesidad imperiosa de regularizar las deudas pendientes.

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