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La Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Con 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, el proyecto logró los dos tercios necesarios, anticipando un eventual veto presidencial.
En este contexto, los diputados de Santa Cruz se alinearon con el respaldo mayoritario, votando a favor de la iniciativa.
¿Cómo votaron los diputados santacruceños?
De los legisladores que representan a la provincia de Santa Cruz, cuatro participaron directamente en la votación y todos lo hicieron a favor de la emergencia del Hospital Garrahan:
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Roxana Reyes (UCR) – A favor
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Ana María Ianni (Unión por la Patria) – A favor
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Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) – A favor
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José Luis Garrido (Por Santa Cruz) – A favor
En tanto, el diputado Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) no estuvo presente al momento de la votación.
Amplio respaldo político, con rechazos del oficialismo
El proyecto fue impulsado por bloques opositores como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y sectores del radicalismo, además de algunos aliados no alineados con el oficialismo. En contraposición, los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la Liga del Interior rechazaron la propuesta.
La emergencia sanitaria busca asegurar el funcionamiento operativo del Hospital Garrahan, la recomposición salarial del personal de salud y el acceso equitativo a la atención pediátrica. El diputado peronista Pablo Yedlin advirtió que “la continuidad del Hospital Garrahan está en riesgo” y recordó que en 2024 se atendieron allí 350 mil niños de todo el país.
Por su parte, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning defendió la necesidad de asistencia y control del gasto, señalando que el Garrahan “es la única esperanza para miles de niños con enfermedades graves”.
El Gobierno Nacional se opone al proyecto
Desde el oficialismo, la diputada libertaria Juliana Santillán criticó la iniciativa, asegurando que no se trata de una medida sanitaria urgente, sino de un intento por “instalar estructuras kirchneristas”.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la iniciativa implicaría un costo fiscal anual de $133.433 millones, especialmente por la recomposición de los salarios del personal de salud y la exención del pago de Ganancias en actividades críticas.
¿Qué sigue ahora?
El proyecto aprobado por Diputados deberá ser debatido en el Senado, donde la oposición también espera contar con los votos necesarios para convertirlo en ley. El oficialismo ya anticipó su rechazo y posible veto, pero el respaldo legislativo alcanzado podría revertir esa decisión presidencial.
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