* Por Gustavo Argañaraz

Marcelo Turchetti dijo que muchos de los cambios que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional en las leyes laborales “son inconstitucionales” y acusó que buscan “ponerse de acuerdo con la Justicia” para “no fallar a favor de los trabajadores”. Claudio Silva señaló que Argentina “no necesita una reforma” y pidió “mejorar la productividad, es lo único que nos asegurará el futuro”.

En los primeros días de mayo pasado, el Gobierno Nacional envió al Congreso tres capítulos del proyecto de Reforma Laboral y en líneas generales se refería al “blanqueo de trabajadores informales”, al “establecimiento de sistemas de pasantías” y a la “creación de una agencia de evaluación de tecnología médica”.
El objetivo del gobierno de Mauricio Macri fue tratarlo al cierre del año pasado, ni bien se aprobaron vía Parlamento cambios en el sistema jubilatorio, pero ante la resistencia que mostraron las entidades sindicales y el rechazo generalizado de los trabajadores, el tratamiento se postergó y quedó pendiente para este año.
Ante este contexto que vive la clase trabajadora, La Opinión Austral consultó sobre esta iniciativa presidencial a gremios que cuentan con poder de actuación en Santa Cruz.
En general, las entidades sindicales consultadas aseveraron que no pudieron acceder a los proyectos que buscan cambiar las leyes vigentes, pero advirtieron que, en todo caso, se opondrán al recorte de derechos. Asimismo, advierten que los cambios que se pretenden hacer son “inconstitucionales” e indicaron que el Gobierno Nacional busca “ponerse de acuerdo con la Justicia” para “fallar contra los trabajadores”.
También se dijo que Argentina no necesita una reforma en sus leyes laborales, sino que en cambio el país debería estar ocupado en mejorar su productividad y con ello garantizar el bienestar de la clase trabajadora.

Cuenca Austral
Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de la Cuenca Austral, dijo a La Opinión Austral que el gremio está “en contra de la Reforma Laboral” y marcó que el gobierno insiste con el tratamiento de los paquetes de reformas enviados al Senado, a pesar de que no está especificado claramente qué se pretende hacer.
A pesar de ello, el petrolero indicó que “una serie de cambios serán inconstitucionales, pero lo más preocupante es que el actual gobierno busca ponerse de acuerdo con la Justicia. Acuden a ella para que no fallen a favor de los trabajadores en muchos de los cambios que quieren implementar”, señaló.
En este punto, Turchetti explicó que cada vez que los sindicatos firmamos un aumento en paritarias se “elevan los montos indemnizatorios, pero las empresas les ponen topes y esa acción es inconstitucional”.
Así es que el gremio recomienda a los trabajadores que perciban las liquidaciones con los topes impuestos por las empresas y después se dirijan a la Justicia a reclamar lo que les corresponde por ley. “Ya tuvimos dictámenes a favor, como aquellos trabajadores que fueron traspasados de Skanka a Oil y de San Antonio a diferentes empresas de servicios”.
“Lo primero en nuestro país es la Constitución Nacional y se tiene que respetar, caso contrario esto no va a funcionar”, lanzó en sus declaraciones el dirigente petrolero.
En tanto, dijo que el Gobierno Nacional no cuenta con mayoría en Cámara de Diputados y “tendrán problemas para aprobar los cambios que ellos quieren”.

Comercio
Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, también dio su mirada a La Opinión Austral.
“No hace falta una Reforma Laboral en Argentina. Esta opinión del gobierno que deben sacar del cálculo de las indemnizaciones las horas extra, aguinaldo, generar pasantías con los estudiantes que no se pagan y que no se constituyan en empleo, generar un banco de horas para indemnizar al trabajador con su mismo dinero, no hace falta esto en el país”, observó.
En cambio, el mercantil dijo que Argentina deberá poner su acento en
“mejorar la productividad, ya que sin productividad no tenemos futuro”.
Sobre el tratamiento de los proyectos, dijo que espera que “diputados, senadores y la CGT tengan la misma postura que en enero pasado, cuando fue rechazada por el movimiento obrero”.

UTA
Rubén Aguilera, secretario general de la UTA Santa Cruz, también fue consultado por este medio sobre su mirada a la Reforma Laboral.
Recordó que en los días de la campaña presidencial, Mauricio Macri dijo públicamente que su “primer compromiso es lograr una Argentina con pobreza cero”. Ante ello, el referente de la UTA respondió con una frase de Eva Perón: “Nunca olvides que lo que un rico te va a dar siempre es más pobreza”.

Luz y Fuerza
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia hizo propio un documento elaborado por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio.
Allí se explica que “los proyectos contienen medidas claramente perjudiciales para quienes trabajan. En tal sentido, se puede apuntar que buena parte de las propuestas que realizan resultan contrarias a la Constitución Nacional, tanto si se las coteja con el artículo 14 Bis, como por cuanto no respetan la cláusula de progreso con justicia social y el principio de no regresividad”.
“Es menester recordar una vez más que los blanqueos, reducción de aportes, disminución de derechos de trabajadores y demás similares medidas no han logrado ni reducir el desempleo, ni crear fuentes de trabajo, ni disminuir el empleo no registrado”, se expuso.
En una de las críticas difundidas se da cuenta que el Artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013 establece que para tener derecho a la indemnización, el trabajador debe comunicar a la AFIP la intimación cursada a su empleador a registrar (o registrar correctamente) su relación laboral. Pero “la reforma, al privar al trabajador del derecho a percibir las indemnizaciones allí establecidas, quita incentivo a estos para denunciar su situación de empleo clandestino y priva al Estado (AFIP) de una herramienta de detección de los focos de empleo clandestino”.
“Otro tanto ocurre respecto a las sentencias judiciales que ya no serán comunicadas a la AFIP. En primer término, por cuanto el trabajador no tendrá mayor incentivo para demandar para que se sancionen multas que no percibirá y porque en todo caso se facilitará a que este concilie, en los términos que se exponen en el presente”.
“En lo referido al plan de Regularización del Empleo no Registrado (Capítulo I del Título I del proyecto sin perjuicio de los reparos éticos que conlleva, debe realizarse una consideración respecto a la afectación a los derechos del trabajador, a quien se le computarán como máximo 5 años de antigüedad con aportes a los fines previsionales y considerando el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al tiempo de la falencia registral, lo que puede implicar un grave perjuicio respecto de su haber jubilatorio y no contemplando el caso de déficit registral respecto del monto del salario”.
Debe también destacarse la paradoja que tanto la derogación de los Arts. 15 de la Ley 24.013 y 1 de la Ley 25.323, como el cambio de destinatario de las indemnizaciones previstas en los Arts. 8, 9 y 10 de la Ley 24.013, están insertos en el título “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral”, cuando son medidas que, en lugar de “luchar” contra “la evasión en la seguridad social y registración laboral”, favorecen y facilitan la evasión en la seguridad social y la clandestinización de relaciones laborales, expresa el documento.
A manera de síntesis, cabe afirmar las siguientes conclusiones:
1) El proyecto es todo pérdida de derechos para los trabajadores; violando la normativa constitucional y derechos que surgen de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos;
2) En vez de fomentar el blanqueo, fomenta el negreo;
3) Incrementa el poder de las grandes empresas; en perjuicio tanto del trabajador como de las micro, pequeñas y medianas empresas;
4) En lugar de tender hacia la racionalidad y democratización de las relaciones laborales, aumenta la discrecionalidad y arbitrariedad patronal, y el sometimiento de los trabajadores.

CONADU Histórica
La federación de los gremios de docentes e investigadores universitarios rechazaron de plano los cambios que afecten “los derechos de los trabajadores, además de los logros y conquistas realizadas”.
La referente de CONADUH, Lic. Rita Villegas, dijo a La Opinión Austral que
Los cambios que pretende el Gobierno Nacional “afectarán claramente al sector privado, no al sector público”.
Sin poder acceder aún a los proyectos que se encuentran en el Senado, la docente universitaria precisó que hay preocupación porque se busca “modificar la fórmula de cálculo de los despidos”, detallando que esa liquidación se realiza en base a trece sueldos pagos y ahora el Estado quiere habilitar que se calcule en base a doce.
También criticó la creación del Sistema de Prácticas Formativas. “Esto tiene que ver con el trabajo joven y se pretende modificar la Ley de Pasantías. Hay pasantes que abandonan sus estudios y ahora retrocederán en sus condiciones, por lo que en esto debemos pronunciarnos”, dijo Villegas.

APROSA
En tanto, el secretario gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud, Ing. Hugo Jerez, dijo a La Opinión Austral que la entidad sindical no ha discutido cuál será su postura respecto a la Reforma Laboral.
Pese a ello, ratificó que los médicos y técnicos del sistema de salud pública de Santa Cruz no estarán a favor de pérdidas o recortes de derechos adquiridos en el Convenio Colectivo de Trabajo. “Si bien es cierto que recién se está planteando la Reforma Laboral, la clase trabajadora tenemos en claro que viene con ajuste porque los gobiernos buscan recortar y se niegan a analizar dónde recortar para no perjudicar a los trabajadores”, expresó Jerez.
Luego expuso que sería beneficioso convocar a un diálogo social para avanzar en los cambios que necesita el país. “En Argentina los derechos se ganaron en las calles y se trata de luchas históricas que no pueden ser borradas de un plumazo”, concluyó.

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