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Esta semana se conoció que la exjueza Noelia Ursino, quien hasta hace unos meses se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en Puerto Santa Cruz, presentó su renuncia en medio de un proceso de jury de enjuiciamiento que había derivado en una suspensión preventiva del cargo mientras se daba ese proceso.
Fuentes cercanas a la abogada indicaron a La Opinión Austral que consideraba que no encontraba las garantías de la debida defensa, teniendo en cuenta que en oportunidad de ejercer su descargo se denunciaron a funcionarios judiciales y ciertas irregularidades en el proceso, las cuales no tuvieron recepción en sede administrativa ni se inició sumariamente una investigación como indica la ley 28.
A Ursino se la pasó al tribunal de enjuiciamiento sin ponderar ninguna de las exposiciones que hizo en el descargo. Respecto a la acusación del fiscal Lisandro de la Torre, la consideraron “débil y no objetiva” ya que sólo incrimina a la magistrada y no al juez revisor que también intervino en el proceso, en este caso, al juez Nelson Sánchez.
Ante esas irregularidades, según la defensa de la abogada Ursino, decidió renunciar ya que, manifestaron, a pesar de la defensa de más de cien páginas, “el fiscal mantuvo la imputación en apenas un par de renglones”. Asimismo, habría recibido un mensaje de un alto funcionario judicial que le habría dicho que haga lo que haga, de todos modos iba a ser destituida. Por esa razón habría decidido abortar su defensa y renunciar.
La sanción
Por otro lado, respecto de la sanción que había recibido por la denuncia de dos trabajadoras de su juzgado a quienes habría pedido que se presenten en la oficina fuera de horario (cerca de las 22 horas), desde el entorno de la exmagistrada aclararon que fue un acto aislado en diez años, que cuando hay cuestiones de urgencia como las relacionadas a personas privadas de la libertad es algo que puede pasar y requiere una actuación inmediata. No obstante ello, se le quiso dar una impronta de mala fe y violencia cuando las propias empleadas sólo dijeron sentirse incómodas con la situación y se lo manifestaron el gremio, aclarando que no había denuncia de violencia laboral.
Asimismo, manifestaron que a la exjueza le habían empezado a descontar el sueldo sin el debido procedimiento legal, ya que la ley indica que para el caso de multa o suspensión hay que hacer un sumario, cosa que no se hizo, por lo que entienden que se venía perfilando una actuación del TSJ arbitraria para con Ursino.
Asimismo, calificaron como un acto de mala fe que se haya dicho que fue un acto de violencia el pedido para que las empleadas judiciales fueran al juzgado en un horario que no correspondía. En este caso, las fuentes allegadas a Ursino indicaron que este hecho es algo que no estuvo relacionado con el Jury.
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