Otra polémica por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia

El cambio de la ley que permitió la ampliación de 5 a 9 vocales del Tribunal Superior de Justicia sigue dando margen para la polémica. Aunque el oficialismo ya avanzó con la aprobación de cuatro ternas, ocupando los lugares que se abrieron a partir de la reforma, la controversia por la constitucionalidad de la ley y la falta de acatamiento a las cautelares sigue en medio de los debates.

Al respecto, el presidente de la Asociación del Colegio de Abogacía de Santa Cruz, Matías Solano y el vicepresidente de la misma institución, Sergio Machado cuestionaron la decisión del oficialismo de no acatar las cautelares. El segundo, entrevistado en Radio LU12 AM680 aclaró que como profesional del derecho y a nivel personal, “entiendo que la ampliación de los vocales del Tribunal Superior de Justicia en sí no es un acto ni ilegal ni inconstitucional”.

“El poder ejecutivo, el poder legislativo a través de la aprobación de la ley, puede determinar la ampliación y en ese sentido no hay ninguna ilegalidad. Lo que creo es que en el medio salió una cautelar que prohibía el tratamiento, si no me equivoco, por 10 días, y no se respetó esa cautelar y se continuó con el tratamiento  y fue pasando lo que todos estamos viendo día a día”, señaló Machado.

Asimismo, el abogado expresó que la discusión se tornó de otra manera por la violación de esa medida cautelar. “Las decisiones judiciales hay que respetarlas”, afirmó, al tiempo que comentó que como Asociación vienen recorriendo la provincia hace ya cuatro años recorriendo, hablando con sus colegas, teniendo un diálogo fluido. “Nos encontramos que hay problemáticas de infraestructura básica, en algunos casos como que un juzgado no tenga internet, que hoy es lo básico”. Y acotó: “En otros casos tiene problemas de infraestructura, falta de recursos humanos, problemas de insumos”.

“Las decisiones judiciales hay que respetarlas”. Sergio Machado.

Al respecto, señaló se puede ampliar sin problema el Tribunal, pero entendemos que hay una necesidad de disponer de un mayor recurso en el Poder Judicial, por lo menos en la base de la pirámide, que es donde estamos viendo que se está sobrecargando, no sólo porque la justicia ya de por sí presenta demoras, sino porque ahora vemos, por ejemplo, que se está encareciendo la profesión, que está aumentando todo por la crisis socioeconómica que está viviendo nuestro país y mucha gente no puede pagar un abogado profesional y termina yendo a las defensorías que también están abarrotadas”.

La respuesta

Al cruce de los referentes de estas Asociación salió el consejero en representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Provincial, Julián Michavila. En un largo escrito enviado a La Opinión Austral, afirmó que en relación a los dichos del abogado Matías Solano, quien denunció un supuesto avasallamiento de un poder del Estado respecto del otro, “sería propicio que aclare cuál de los poderes supuestamente pretende dominar al otro”.

Al respecto, sostuvo que a partir de la asunción del actual gobierno provincial, “el Dr. Solano se ha dedicado a demandar al Estado Provincial y a intentar invalidar toda ley o decreto que tuviera a mano. De repente se ha convertido en un crítico severo de las políticas del Estado Provincial, al que curiosamente defendió acérrimamente hasta diciembre de 2023”.

En ese mismo tono, señaló: “Por eso a sus críticas, lo mismo que a las de la asociación de abogados que representa, hay que evaluarlas con cuidado, ya que responden a intereses políticos cada vez más evidentes, alineados con la oposición y con los sectores judiciales que receptan sus amparos y medidas cautelares de manera automática” y dijo: “Hoy tenemos una ley sancionada por la legislatura provincial que amplía la integración del Tribunal Superior de Justicia a nueve miembros, norma que se encuentra plenamente vigente; promulgada la norma, el Sr. Gobernador, en el ejercicio de sus atribuciones, remitió a la Cámara de Diputados las ternas para cubrir los cuatro cargos pendientes y así llegar a la nueva integración de nueve miembros”.

“El Dr. Solano se ha dedicado a demandar al Estado Provincial”. Julián Michavila.

Michavila también cuestionó la medida del juez Marcelo Bersanelli quien dictó una medida cautelar interina para impedir que los Diputados sesionen y designen a los nuevos vocales del Tribunal. “El Cuerpo tomó la decisión de sesionar y avanzar con la designación de dos de ellos, fundada en que la medida cautelar había sido apelada, dictada por un juez manifiestamente incompetente, y carente de jurisdicción para entender en el caso, lo cual no puede afectar el desarrollo de los procedimientos constitucionales de los otros poderes del Estado”, expresó.

“Aquí es importante destacar que la Ley 3.947 establece que los jueces deben abstenerse de decretar medidas cautelares contra el Estado cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia; y es el caso concreto, toda vez que el Dr. Bersanelli está a cargo de un Juzgado Civil, y la competencia para dilucidar cuestiones contenciosas administrativas es exclusiva del Tribunal Superior de Justicia”, indicó.

Entre otras cosas, manifestó: “No pueden los demás vocales del Tribunal arrogarse el ejercicio del control de constitucionalidad sin una causa judicial y por vía de superintendencia. El Tribunal Superior no actúa como Juez respecto de la designación de sus miembros conforme los procedimientos constitucionalmente establecidos”.

“El Tribunal Superior no actúa como Juez respecto de la designación de sus miembros”. Julián Michavila.

Por otro costado “es importante recalcar que con la sanción y promulgación de la Ley 3949 – que se encuentra plenamente vigente -, el Tribunal Superior cuenta con nueve miembros, de los cuales actualmente hay siete en funciones. Por lo tanto, el Tribunal Superior no puede adoptar decisiones administrativas ni jurisdiccionales sin la convocatoria de todos los jueces y, en su caso, de los funcionarios subrogantes, hasta completar las mayorías requeridas en la Ley Orgánica de la Justicia”, sentenció.