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El debate por el Presupuesto Nacional 2026 arrancó en comisiones y ya cuenta con un despacho por mayoría de La Libertad Avanza y parte de sus aliados. Una de las decisiones más controversiales de los artículos agregados es el que propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
A media tarde, el oficialismo y sus aliados reunieron 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y consiguió el dictamen de mayoría. La idea es aprobarlo este mismo miércoles 17. En cuanto a los dictámenes por minoría, Unión por la Patria obtuvo 18 firmas y Unidos 3 firmas.
La oposición reclamó explícitamente por las leyes de Financiamiento Universitario, la de Emergencia en Discapacidad y la Emergencia en Pediatría. También por la vigencia de la Ley de Educación Técnica; y el régimen de Zonas Frías, no solo para la Patagonia, ya que en el proyecto de ley se vuelven a sacar de este régimen a las ciudades agregadas en 2021.
Pero el oficialismo volvió a insistir en que se necesita equilibrio fiscal para evitar el ciclo de crisis permanente que vive el país. Asimismo, sostuvieron que el panorama económico para el 2026 es de crecimiento y que no hay que desviarse del camino de austeridad en el gasto que plantea el presidente Javier Milei.
Cajas no transferidas
Uno de los artículos más importantes para la provincia de Santa Cruz (en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo), es el 61. Allí sostiene que la ANSES “transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional (entre ellas Santa Cruz), en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit provisorio o definitivo– determinado de acuerdo con el Decreto N° 730 del 8 de agosto de 2018 y sus normas complementarias y/o modificatorias”.
Al respecto, aclara que “sólo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la ANSES, que corresponda al menos al ejercicio 2021 o posterior”. El artículo pone varios condicionamientos para recibir los montos, algunos de los cuales terminan siendo muy difíciles de cumplir, por lo que las negociaciones que haga cada provincia que no transfirió sus cajas se vuelve imprescindible para percibir esos montos.
Cabe recordar que la discusión de las provincias, entre ellas Santa Cruz, con el gobierno nacional por el tema de las cajas no transferidas viene desde hace años. El momento más duro para Santa Cruz fue durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), donde cortó el aporte a la Caja de Previsión. Durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023) se logró que se reconozca en parte. Sin embargo, la letra chica con los requisitos para recibir los fondos siempre suele ser dura de cumplimentar.
Represas, SAMIC e YCRT
En el Presupuesto Nacional figura muy poco en partida de obra para Santa Cruz. En eso no escapa la realidad de la mayoría de los distritos del país. Apenas se destaca la construcción de “dos puentes nuevos” en la ruta nacional 3, a la altura de la localidad de Piedra Buena, sobre el río Santa Cruz. También están previstas transferencias por el mantenimiento de rutas nacionales.
En cuanto a las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, en el Presupuesto Nacional original figura una partida de 200 mil millones de pesos para el 2026, que en rigor de verdad es lo mismo que figuraba para el presupuesto vigente del 2025. El monto no es significativo y dependerá el acuerdo entre el Estado Nacional y su par de China para avanzar en la firma de la adenda que falta para retomar los trabajos.
Por su parte, para el hospital SAMIC de El Calafate el incremento entre este año y el que viene está estipulado de la siguiente manera: pasa de algo más de 25 mil millones a 35 mil millones. Sin embargo, entre lo presupuesto y lo ejecutado este 2025 hay una diferencia: de esos 25 mil establecidos, se llevan pagando 20.529 millones.
Respecto de la exYCRT, la partida prevista para el 2026 es de 135 mil millones de pesos (la mayor parte a gastos operativos y salarios). Si se compara con la establecida para el 2025 (82.079 millones), el aumento para el siguiente año es de 47,97%.
Aunque algunos gobiernos provinciales, a través de sus diputados nacionales, lograron introducirle algunas modificaciones al proyecto original, la oposición cuestiona la fuerte inclinación del costo del ajuste en los distritos provinciales, universidades nacionales y salud, entre otros, en contraposición a las reducciones fiscales en algunas actividades o en los intereses del pago de deuda.
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