Roxana Reyes dijo que el préstamo que quiere el Gobierno “compromete generaciones futuras”

La exdiputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz, Roxana Reyes, cuestionó con  el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial a la Cámara de Diputados para endeudarse por USD 600 millones.

La referente opositora criticó la solicitud de una autorización de endeudamiento, al que definió de manera como un “cheque en blanco en dólares comprometiendo generaciones futuras”.

En un posteo por sus redes sociales, advirtió que la iniciativa contempla un plazo de amortización de hasta 15 años y compromete como garantías la coparticipación federal, las regalías hidrocarburíferas y las regalías mineras. Además, alertó que se autoriza expresamente al Ejecutivo a someterse a tribunales extranjeros y a renunciar a la inmunidad soberana.

Constitución Provincial

Para la dirigente radical, la iniciativa conlleva una “violación directa del artículo 40 de la Constitución Provincial”. Dicha norma establece que “no puede autorizarse ningún empréstito sobre el crédito general de la provincia sin el voto de los dos tercios de los legisladores presentes, debiendo especificarse los recursos para su amortización y el objeto a que los fondos se destinen”.

El primer gran inconveniente señalado por la exlegisladora es que “el proyecto no dice en qué se va a gastar el dinero”. El artículo 1° autoriza el endeudamiento para “gastos de capital, programas de desarrollo y administración de pasivos”, pero introduce la frase clave: “incluye a título enunciativo pero no taxativo conversión, consolidación o renegociación y/o la cancelación de deudas asumidas con anterioridad”.

Según explicó, el carácter “enunciativo pero no taxativo significa literalmente que el listado no es completo”. Esto implica que la plata se puede destinar a cualquier cosa que el Ejecutivo decida después, lo cual representa lo contrario a la especificación exigida por la Carta Magna y torna el proyecto en inconstitucional.

El segundo vicio constitucional denunciado radica en que “la propuesta no dice con qué se va a pagar la deuda”. Reyes argumentó que la “Constitución exige especificar los recursos de amortización y que, por el contrario, el proyecto se limita a habilitar al Ejecutivo a ceder en garantía o pago cualquier recurso provincial”.

Responsabilidad Fiscal

Como tercer inconveniente, advirtió que la “medida compromete a los próximos gobiernos“. Esto se debe a que la Ley Nacional 25.917 de Responsabilidad Fiscal fija un techo anual donde los servicios de la deuda no pueden superar el 15% de los recursos corrientes netos.

“Si esta operatoria agota ese porcentaje, los gobiernos que vengan durante los próximos 15 años no van a poder tomar deuda nueva“, señaló. Reyes dijo que es un problema “problema democrático, al no ser admisible que una sola administración agote el margen de las tres o cuatro gestiones siguientes en una única ley”.

A estas deudas se suman problemas adicionales vinculados a la prórroga de jurisdicción. El artículo 3 inciso b autoriza a someter a la provincia a tribunales extranjeros y a renunciar a la inmunidad soberana sobre los recursos cedidos. De este modo, cualquier conflicto futuro con los acreedores se resolverá en cortes de Nueva York o Londres y no ante un juez argentino.

Reyes alertó sobre el escenario que se abriría en caso de sancionarse la norma tal como está redactada. Afirmó que “si el proyecto se aprueba como está, la ley va a quedar expuesta a planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia. Esto generará una profunda inseguridad jurídica para los propios inversores que el Gobierno pretende atraer, volviéndose en contra del propio objetivo financiero oficial”.

Cambios

Finalmente, la exdiputada afirmó que el proyecto necesita cinco correcciones mínimas para poder iniciar la discusión de fondo en la provincia.

La primera es que se especifiquen las obras o programas concretos a financiar. La segunda es que se identifique una fuente concreta de repago con números verificables, anunciando un esquema de consolidación fiscal que precise si se pagará por reducción de gastos o por incremento de ingresos.

La tercera exigencia es que se acredite la autorización previa de la Nación exigida por la Ley 25.917. La cuarta consiste en que se exhiba el cálculo que demuestre el respeto al límite del 15% de los recursos corrientes. Por último, la quinta pide que se presenten los cálculos de la tasa de interés máxima autorizada junto a las proyecciones financieras que demuestren la sostenibilidad de la deuda.