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La Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) expresó su inquietud por los bloqueos registrados en distintos yacimientos, donde grupos impidieron el ingreso de trabajadores y suministros. Aunque los episodios fueron desactivados tras la intervención policial, la repetición de estos hechos generó preocupación en el sector.

En un comunicado, sostuvo que los incidentes pusieron en riesgo la continuidad operativa y la seguridad de los trabajadores. Destacó la colaboración de las empresas con las autoridades y agradeció el apoyo de operarios, proveedores y contratistas. La cámara recordó además que la minería es uno de los pilares económicos de la provincia, con más de 9.000 empleos directos, un aporte del 37% al PBG y ventas externas por 1.569 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025.

Uno de los conflictos que derivó en estos bloqueos involucra a Huarpe Seguridad y a la empresa santacruceña MV, histórica prestadora del servicio en yacimientos locales. La situación se desató cuando Huarpe ganó la licitación para brindar seguridad en Minera Santa Cruz y el sindicato USPAP rechazó el cambio, bloqueando el ingreso a la mina para exigir la continuidad de MV.

Según fuentes del sector, la firma santacruceña se habría negado a ceder el servicio y a indemnizar a su personal, dificultando la transición. Huarpe sostuvo que está dispuesta a contratar a los trabajadores que deseen continuar, que mantendrá las condiciones salariales vigentes y que es necesario que MV cumpla con las indemnizaciones legales para evitar quedar ligada a una continuidad jurídica.

A esta tensión se sumó el conflicto en Cerro Negro, operado por Oroplata S.A. (Newmont), donde ASIJEMIN denunció que la empresa despidió a 25 trabajadores en el marco de una reestructuración unilateral. El gremio aseguró que hubo presiones, cambios de roster sin acuerdo y procedimientos que consideraron humillantes. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó retrotraer la situación.

La controversia creció cuando el sindicato solo mencionó a cinco despedidos con domicilio en Santa Cruz, omitiendo a otros 20 que, según fuentes citadas por OPI Santa Cruz, serían trabajadores de otras provincias, lo que reactivó el debate sobre la contratación local en los yacimientos.

En su mensaje final, Camicruz llamó a consolidar espacios de diálogo entre autoridades, empresas, comunidades y sindicatos, y afirmó que la minería solo podrá sostener su aporte económico si se garantiza la seguridad, la continuidad productiva y la cooperación entre todos los actores involucrados.

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