Aprobaron solicitar datos sobre la deuda de SPSE con CAMMESA y posibles embargos judiciales

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves, con 17 votos afirmativos, un proyecto de resolución mediante el cual se solicita información detallada a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) sobre la deuda que mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y las posibles medidas judiciales asociadas al cobro de esos fondos.

La iniciativa, autoría de la diputada Agostina Mora (Unión por la Patria), establece un plazo de cinco días hábiles para que el presidente de la empresa, el ingeniero Matías Cortijo, remita un informe pormenorizado sobre la situación financiera con la mayorista eléctrica, incluyendo el monto actualizado de la deuda, discriminado entre capital e intereses, los períodos involucrados y los conceptos adeudados.

El pedido aprobado también requiere precisiones sobre la existencia de un plan de pagos formal o negociaciones en curso. En caso de existir, deberá informarse el esquema acordado, con detalle de plazos, montos de cuotas, tasas de interés aplicadas y grado de cumplimiento. Si no hubiera un plan vigente, la empresa deberá explicar las razones.

Además, la resolución aprobada solicita información sobre oficios judiciales y embargos vinculados a expedientes en juzgados civiles y comerciales federales, que habrían alcanzado cuentas bancarias de la empresa estatal. En ese marco, se pide adjuntar documentación respaldatoria y detallar las cuentas eventualmente afectadas por medidas cautelares.

En los fundamentos del proyecto se destaca que la provisión de energía eléctrica constituye un servicio público esencial, por lo que la situación financiera de SPSE reviste interés público y requiere mayor transparencia institucional.

También se advierte sobre las posibles consecuencias operativas de embargos sobre fondos de la empresa, que podrían impactar en la prestación del servicio, la adquisición de insumos críticos y la ejecución de inversiones.

Finalmente, se subraya que la Legislatura, en su rol de control, tiene la responsabilidad de requerir información precisa y actualizada sobre el estado patrimonial y financiero de los organismos estatales, especialmente cuando se trata de servicios esenciales para la comunidad.