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El acceso a la energía eléctrica y al gas natural para los sectores más vulnerables volvió a instalarse en la agenda de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita a las empresas prestatarias de estos servicios que se abstengan de realizar cortes por falta de pago cuando los usuarios sean personas con discapacidad o jubilados residentes en la provincia.

La iniciativa está impulsada por los diputados Patricia Urrutia, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto (Por Santa Cruz) y Javier Jara (Movere), quienes plantean que tanto Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Camuzzi Gas del Sur S.A. y Distrigas S.A. adopten medidas que garanticen la continuidad de prestaciones consideradas esenciales para la vida cotidiana.

Claudia Patricia Urrutia, diputada por municipio de Caleta Olivia, una de las autoras del proyecto. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El proyecto establece que las empresas deberán evitar la interrupción del suministro motivada por demoras en el pago de las facturas cuando se trate de integrantes de estos grupos considerados especialmente vulnerables.

Asimismo, propone instar a las prestatarias a implementar planes especiales de regularización de deuda y facilidades de pago, con el objetivo de que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones sin perder el acceso a servicios indispensables.

Fundamentación

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que el acceso a la electricidad y al gas constituye “un derecho básico indispensable para el ejercicio de una vida digna” y remarcan que, en el caso de las personas con discapacidad y los jubilados, la continuidad de estos servicios resulta aún más relevante debido a que una interrupción puede afectar directamente su salud, seguridad y bienestar.

También advierten sobre el complejo contexto económico que atraviesan numerosas familias santacruceñas, marcado por el incremento de las tarifas y la dificultad para afrontar los costos de los servicios públicos.

En ese sentido, consideran que los atrasos en el pago de las facturas “no deben traducirse en sanciones desproporcionadas como el corte del suministro“, sino que deben promoverse mecanismos que permitan regularizar las deudas sin poner en riesgo el acceso a prestaciones esenciales.

De aprobarse la resolución, una copia será remitida al Poder Ejecutivo Provincial, a SPSE, Distrigas y Camuzzi Gas del Sur para su conocimiento y eventual implementación de las medidas solicitadas.

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