César Alegre tras la media sanción de la reforma laboral: “Ataca derechos y busca limitar el reclamo”

La Cámara de Senadores de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral, en una jornada atravesada por movilizaciones en todo el país. En Santa Cruz, el Frente Sindical se concentró en el centro de Río Gallegos y marchó hacia la Casa de Gobierno, donde realizó un acto central con la participación de ADOSAC, SOEM, Vialidad Nacional y Provincial, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, Camioneros, UOCRA, Luz y Fuerza, el Centro de Estudiantes de la UPA, entre otros sectores.

En diálogo con LU12 AM680, el secretario general de ADOSAC, César Alegre, sostuvo que el principal reclamo fue exigir a los representantes provinciales que votaran en contra del proyecto.

“Como resolución del Frente Sindical estuvimos participando de la marcha y el pedido principal hacia el gobernador Claudio Vidal y los senadores santacruceños –Natalia Gadano, José María Carambia y Alicia Kirchner– era que voten en contra. Había muchos rumores de que los legisladores de Por Santa Cruz iban a acompañar al gobierno nacional. Finalmente votaron en contra de una reforma que va en contra de los trabajadores”, expresó.

Por otra parte, Alegre se mostró satisfecho con la concurrencia a la marcha que calificó de “multitudinaria” y sostuvo que “hace mucho tiempo los gremios no confluyen con tanta participación”.

“Para nosotros es muy importante poder marchar en unidad. Entendemos que la lucha se gana en la calle. ADOSAC no se calla ante ningún gobierno, sale a reclamar”, remarcó.

Reforma laboral y educación como “servicio esencial”

Uno de los puntos que generó mayor preocupación en el ámbito docente es la posibilidad de que determinadas actividades sean declaradas esenciales. “En el medio del tratamiento de la reforma laboral se habló de pasar la educación como servicio esencial. Eso dejaría de reconocerla como derecho social, como la conseguimos nosotros”, señaló Alegre.

El dirigente advirtió que el gremio analizará en detalle las modificaciones introducidas en el Senado durante la jornada del miércoles. “Vamos a tener que hacer un estudio con nuestros abogados para ver cómo va a influir. Falta todavía la instancia en Diputados y tenemos que llevar información precisa a la población”, afirmó.

Derecho a huelga, despidos y reclamo salarial

“Para nosotros la reforma significa querer callarnos y que no reclamemos. Va en contra del derecho a huelga”, afirmó.

En el plano provincial, Alegre vinculó el debate nacional con la situación local, marcada por 1.500 despidos denunciados el año pasado. “Nos encontramos en medio de la reforma con compañeros que pueden perder su trabajo o su doble cargo. Es una situación muy grave”, advirtió.

El Frente Sindical también reclama la apertura de paritarias y rechaza lo que califican como “pauta salarial cero” y congelamiento de sueldos. “Si tenemos sueldo de pobreza y no hay aumento o cláusula gatillo, nos van a hundir en la indigencia. Si hay una inflación del 30%, vamos a perder el 30% del poder adquisitivo. No podemos permitir eso”, enfatizó.

Consejo Provincial intervino por denuncias de puntajes irregulares

Otro de los temas abordados fue la intervención del Consejo Provincial de Educación ante denuncias por puntajes irregulares en la Junta de Clasificación, organismo técnico que determina el orden de mérito para la toma de cargos y horas docentes.

Alegre explicó que el sistema de puntaje contempla antigüedad, capacitaciones, cursos, residencia y “otros títulos” o postítulos, ítem que generó controversia.

“El año pasado advertíamos que algunas universidades ofrecían diplomaturas y actualizaciones; algunas fueron validadas y otras no. Nos encontramos con la mercantilización de la educación”, indicó.

En este sentido, el dirigente cuestionó la proliferación de ofertas académicas que otorgaban puntaje sin un control claro. “Nosotros lo llamamos ‘la cajita feliz’. Tiene que haber un control del Consejo Provincial de Educación. No puede ser que algunos compañeros hayan aumentado muchísimos puntos sin una capacitación real”, sostuvo.

Según Alegre, el gremio había pedido reglamentar la normativa vigente (216 y 217) para los distintos niveles y modalidades, pero ahora se enfrenta a un cambio de reglas.

“Surge el problema de cambiar las reglas de juego a último momento. Hay compañeros que pueden perder puestos de trabajo e incluso ser investigados por supuesto delito de corrupción. Se está acusando a toda la docencia y esto es un problema del Consejo, que sacó una resolución de forma unilateral sin convocar al gremio ni a los vocales electos”, afirmó.

Finalmente, remarcó que la discusión de fondo debe centrarse en garantizar formación docente continua, gratuita y con control estatal, evitando que el sistema derive en una competencia por acumular puntos. “Había una competencia por ver quién tenía más puntos y no estábamos teniendo en cuenta lo que es una capacitación docente real”, concluyó.