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En medio de una tormenta política y judicial que mantiene en vilo a Santa Cruz, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, brindó un crudo diagnóstico de la situación, calificándola como “institucionalmente anómala” y un “conflicto de poderes de suma gravedad institucional”.

En una entrevista exclusiva con LU12 AM680, el funcionario y abogado desgranó las irregularidades que, a su juicio, viciaron el intento del gobernador Claudio Vidal de ampliar el número de vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y advirtió que por estos días “no se puede garantizar el funcionamiento de la justicia de Santa Cruz”.
La polémica, que ha escalado hasta convertirse en el principal tema de la agenda provincial, se desató tras la intención del Poder Ejecutivo de elevar la composición del máximo tribunal de cinco a nueve miembros. La semana pasada, en un movimiento que desafió una medida cautelar que pedía “abstenerse”, la Legislatura avanzó y el gobernador Vidal asistió a la toma de juramento de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. Sin embargo, la jueza Cecilia López dictó una nueva cautelar que congeló las resoluciones, dejando al tribunal en un limbo jurídico.
Para Chute, el panorama es desolador y la salida no parece estar a la vuelta de la esquina. “Estamos en una situación extraña a la que yo no le veo un cauce, por hoy, una salida, una voluntad de solución por parte del Ejecutivo Provincial”, sentenció.

“Estamos en una situación extraña a la que yo no le veo un cauce, una salida o una voluntad por parte del Ejecutivo”.

Subrayó que todo el proceso está manchado desde su origen: “Es un procedimiento que inició con una medida cautelar y que ahora ya estamos en una serie de ilegalidades manifiestas que posteriormente se fueron dando por parte de la legislatura, del poder ejecutivo y de los dos aspirantes a vocales que nunca fueron vocales porque el juramento fue nulo“.

Consultado sobre el impacto de este embrollo en el ciudadano de a pie, Chute fue contundente: “Es terrible. Hablamos para colmo de la composición de la cabeza de uno de los poderes del Estado, y del poder del Estado en particular que decide sobre la vida, la libertad y el patrimonio de las personas”.

El letrado explicó con detalle por qué considera que las juras tomadas por el presidente del TSJ fueron irregulares. Según Chute, la potestad de superintendencia, que incluye la toma de juramento, corresponde al cuerpo de vocales en su conjunto, y no es una decisión unipersonal. “La toma de juramento no es un acto protocolar, es el último control que hace el Poder Judicial de la validez de los títulos de quienes van a asumir”, afirmó, aclarando que se refiere a la validez de todo el proceso de designación. Al ser rechazado posteriormente por los demás vocales, “el acto se cae”.
La responsabilidad política, según el funcionario municipal, recae directamente sobre el gobernador. “Yo pienso que en este caso la pelota todavía la tiene el gobernador. Él debería llamar al consenso, debería llamar al diálogo”, instó Chute.

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