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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, promulgó la Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados el pasado 26 de junio, estableciendo el “Marco Legal Control Fitosanitario”, una medida clave para proteger la sanidad agropecuaria y ambiental de la provincia tras la eliminación de la Barra Sanitaria Patagónica. La norma fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial el martes 19 de agosto.
La nueva ley otorga al Poder Ejecutivo Provincial facultades para controlar estrictamente el ingreso de productos agropecuarios, incluyendo animales en pie, carnes, frutas, hortalizas y subproductos forestales. La normativa establece que cualquier producto que no cumpla con los estándares de certificación sanitaria será impedido de ingresar a la provincia, protegiendo así el estatus sanitario y ambiental de Santa Cruz.
Según lo publicado en el Boletín Oficial, la autoridad de aplicación podrá instalar controles preventivos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, y establecer puestos sanitarios permanentes o móviles, en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras si fuera necesario. La reglamentación de la ley deberá realizarse en un plazo de 30 días, garantizando la participación de asociaciones, federaciones y actores del sector agropecuario.
Protección del estatus sanitario patagónico
La medida se adopta en un contexto de fuerte preocupación regional frente a la Resolución 460/2025 de SENASA, que permite el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. Legisladores provinciales y productores locales habían alertado que esta medida podría poner en riesgo el reconocimiento internacional de la región como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, afectando la exportación de carne ovina, lana y otros productos de alto valor.
El diputado Mario Piero Boffi, autor del proyecto, había destacado que la ley “brinda una herramienta al Poder Ejecutivo ante una situación crítica”, para defender la producción agropecuaria regional y proteger los mercados internacionales. Asimismo destacó que la reglamentación debería realizarse en un plazo de 30 días, asegurando la participación activa de federaciones, asociaciones y actores del sector agropecuario.
Por su parte, la diputada Karina Nieto impulsó la coordinación con otras provincias patagónicas para generar una postura regional unificada frente a la desregulación sanitaria nacional.
Con la promulgación de esta ley, Santa Cruz se convierte en la primera provincia patagónica en implementar legislación propia para proteger su estatus sanitario, complementaria a la normativa nacional pero independiente en su ejecución. La nueva barrera fitosanitaria refuerza la defensa de la producción agropecuaria y la preservación del medio ambiente, asegurando que la región mantenga su reconocimiento internacional y ventajas competitivas en el comercio exterior.
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