Mientras la Municipalidad de Río Gallegos prepara la licitación para el servicio de transporte público urbano, continúa la polémica con la saliente Maxia SRL. En diálogo con LU12 AM680 el abogado de la empresa, Mauricio Mariani, dijo que desde el municipio “no nos han escuchado”.
El juez Marcelo Bersanelli ordenó que los colectivos y el predio de la empresa queden bajo control del municipio a principios de julio, pero desde la empresa aseguran que cuando se acercaron a negociar, no tuvieron respuesta. “La postura de la empresa siempre fue colaborar en todo lo que estuvo a su alcance para que la gente pueda tener el servicio”, aseguró Mariani.
El abogado también criticó el procedimiento que optaron desde el municipio: “La empresa ha sido desapoderada de manera arbitraria e ilegitima de sus bienes, no tiene forma de seguir trabajando” expresó.
Por otro lado, aseguró que “La toma de posesión del predio se hizo de una manera totalmente desprolija”.
Remarcó que no estuvo presente la Justicia para controlar el procedimiento. También comentó que no se hizo ningún inventario de lo que había en las instalaciones de la calle Juan Bark 225.
Respecto a la gestión de la empresa bajo órbita estatal dijo que “el municipio se encontró con la dificultad de gestionar una empresa de este tipo (…) Desde el 2 de julio que los bienes están en posesión del municipio y recién la semana pasada los choferes pudieron cobrar parte del salario”.
También enfatizó que desde el municipio “no se han pagado los alquileres de las instalaciones y han caducado todas las verificaciones técnicas y los seguros de los vehículos”.
Mariani afirmó que es difícil avanzar con la causa en este contexto, ya que la Justicia se encuentra en receso.
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