Crisis de pymes en Santa Cruz: alertan que se destruye entre 3 y 4 actividades económicas por día

El último informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) correspondiente a agosto de 2026 encendió una fuerte alarma sobre la actualidad económica de la provincia que muestra signos de que el consumo permanece planchado, mientras que las pymes del sector mes a mes cierran ante la dura crisis.

Lejos de tratarse de una desaceleración pasajera o de un fenómeno acotado a un solo rubro, el relevamiento confirma una contracción de carácter sistémico que afecta en paralelo al sector privado, al empleo público, al comercio de proximidad y a la actividad económica general. El dato más revelador del documento indica que, al integrar el cierre de PYMES formales, la baja de habilitaciones comerciales y la caída del trabajo independiente, la provincia pierde un piso real de entre 3,5 y 4 unidades productivas cada 24 horas.

El impacto sobre el tejido empresarial formal muestra dimensiones preocupantes. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, desaparecieron en Santa Cruz entre 350 y 400 empresas empleadoras privadas, reduciendo el parque de firmas registradas de 3.985 a unas 3.545.

Con una caída interanual del 6,7% medida a mayo, la Federación Económica advirtió que la “provincia se posicionó como la quinta jurisdicción de Argentina con mayor destrucción de empresas del país, duplicando el promedio nacional de retroceso que se ubicó en un 3,3%. Esta cifra implica que, solo en el segmento de empleadores con personal a cargo, cierra una firma cada dos días”.

Pérdida de puestos de trabajo

Esta sangría empresarial tuvo su correlato directo en el mercado de trabajo. Según los “datos procesados por Politikon Chaco y el Observatorio de Economía de la Patagonia Sur de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Santa Cruz encabeza la destrucción de empleo privado formal en la Argentina”.

“En el período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la provincia sufrió un recorte del 16,4% de su plantilla privada, lo que significó la pérdida neta de 10.400 puestos laborales y llevó el total de trabajadores registrados a un piso histórico de 50.600. Al comparar este escenario con el pico máximo de empleo alcanzado en febrero de 2023 (61.900 asalariados), la retracción acumulada asciende al 18,3%, lo que equivale a 11.300 familias que perdieron su sustento en 38 meses”.

FESC observó que “a diferencia de crisis anteriores donde el Estado provincial actuó como red de contención frente al achicamiento privado, en esta oportunidad el deterioro se dio de forma simultánea en ambos frentes. Los registros del Ministerio de Economía de Santa Cruz revelan que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 el empleo público cayó un 7%, pasando de 36.887 a 34.313 agentes, lo que representa la primera reducción sostenida de la plantilla estatal en dos décadas”.

“Esta baja neta de 2.574 puestos no obedeció a despidos directos sino a la decisión política de congelar las vacantes que se fueron generando por jubilaciones. A excepción del Poder Judicial —que incrementó su personal en un 4%—, el congelamiento afectó tanto a la administración central como a las empresas públicas, entre ellas Servicios Públicos y Distrigas. En la suma consolidada de ambos sectores, la fuerza laboral formal de Santa Cruz perdió 12.597 empleos, reduciendo un 12,9% del total de la masa asalariada registrada en apenas 27 meses”, agregó el informe al que accedió La Opinión Austral.

Ocho meses en picada

El enfriamiento de la economía real se ve reflejado en el Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) que elabora la propia FESC. A febrero de 2026, el indicador encadenó ocho meses consecutivos en baja, registrando una contracción acumulada del 11% en el primer bimestre del año. Los comerciantes y prestadores de servicios señalan una combinación de factores que ahogan la actividad: el deterioro persistente del poder adquisitivo de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo, una menor incidencia de la masa turística, la desaceleración de la actividad en la cuenca petrolera y una presión constante por la suba de costos operativos, tarifas e impuestos.

El rostro más visible de este fenómeno se observa en los centros comerciales de las ciudades, con Río Gallegos como caso testigo. Los registros oficiales de habilitaciones confirman que entre 2025 y agosto de 2026 se tramitaron 637 bajas de licencias comerciales. Esto provocó un achicamiento del 21% en el padrón activo capitalino, recortando el universo de comercios habilitados de unas 3.000 unidades a cerca de 2.363, lo que representa un ritmo ininterrumpido de un negocio cerrado por día.

Por último, el informe de la FESC enfatiza que los números de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) solo muestran la “punta del iceberg”, ya que evalúan únicamente al 12% del parque productivo formal (las firmas con empleados). El 88% restante de la estructura económica está compuesto por un universo de entre 25.000 y 28.000 monotributistas y autónomos que trabajan de forma independiente. El desplome registrado en el comercio minorista y la caída general de la demanda permiten inferir que la fragilidad en este segmento informal o unipersonal es igual o más agudo, consolidando un cuadro recesivo que exige atención urgente sobre la sustentabilidad de la economía santacruceña.