Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Cámara de Diputados de Santa Cruz avanzó con la reforma de la Ley Orgánica de la Justicia que restablece la figura del Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia y redefine el funcionamiento de los ministerios públicos provinciales.
La iniciativa volvió a restablecer que el Procurador General vuelva a ocupar un lugar central dentro de la estructura judicial, al asumir la conducción del Ministerio Público Fiscal y ejercer funciones de inspección, supervisión y superintendencia sobre fiscales, funcionarios y empleados del organismo.
Según el texto aprobado en la Legislatura, el Procurador General será el jefe del Ministerio Público Fiscal y estará acompañado por un Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, a quien podrá delegar parte de sus competencias y atribuciones.
Entre las principales funciones previstas se encuentra la facultad de intervenir en cuestiones vinculadas al orden público, supervisar la actuación de los fiscales, promover el cumplimiento de los plazos procesales y garantizar una administración de justicia ágil y eficiente.
Además, el funcionario tendrá la posibilidad de impartir instrucciones en investigaciones consideradas de especial gravedad, trascendencia pública o complejidad particular, sin perjuicio de las facultades propias de cada fiscal interviniente.
El proyecto también establece que podrá participar en acuerdos del Tribunal Superior de Justicia cuando sea convocado y cuando se debatan cuestiones relacionadas con la organización y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Intervención en causas clave
La reforma contempla que el Procurador General delegue en el Agente Fiscal ante el Tribunal Superior la emisión de dictámenes en asuntos de competencia originaria del máximo tribunal provincial, causas vinculadas al Tribunal Electoral Permanente y otros expedientes que requieran la intervención del Ministerio Público.
No obstante, el texto aclara que el Procurador podrá reasumir en cualquier momento esas facultades mediante avocación, conservando así la máxima autoridad dentro de la estructura fiscal.
La iniciativa también modificó la integración del Tribunal Superior de Justicia ante eventuales vacancias o impedimentos de sus miembros. En esos casos, el Procurador General pasará a formar parte del esquema de reemplazos previsto por la ley.
Asimismo, actualiza la denominación de los organismos judiciales, reemplazando los conceptos de “Ministerio Fiscal” y “Ministerio Pupilar” por “Ministerio Público Fiscal” y “Ministerio Público de la Defensa”.
La reforma fue aprobada en el marco del cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa iniciada por Eduardo Emilio Sosa. En ese contexto, con la ley sancionada no sólo se restituyó el cargo de Procurador General, sino que además designó al propio Sosa para ocupar esa función.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia