El rugido de la clase trabajadora resonó con fuerza en pleno centro de Río Gallegos, convirtiendo la Avenida Kirchner en el epicentro austral de una jornada nacional de lucha que marcó un punto de inflexión en la relación entre el sindicalismo y el oficialismo.
Convocada por la CGT y adherida por la CTA y la CTA Autónoma, además de la movilización organizada por ATE a nivel nacional, la protesta fue contundente y se configuró como la primera acción masiva contra la intención del gobierno de modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y las relaciones laborales.
En las calles de Santa Cruz, se vieron confluir sectores y figuras que hasta hace poco se encontraban en veredas opuestas, incluyendo referentes del peronismo, la izquierda y el radicalismo.
El lugar de la manifestación
A diferencia de lo ocurrido en otras provincias, donde las marchas se nuclearon frente a las casas de gobierno, en Río Gallegos los manifestantes optaron por marchar y concentrarse directamente frente a la sede local del partido de La Libertad Avanza, el oficialismo, ubicado sobre la avenida Kirchner.
Allí se hicieron presentes trabajadores de la construcción, de la Unión de Personal de Seguridad Privada, de la Asociación de Trabajadores del Estado, UPCN, Municipales, docentes (ADOSAC), camioneros, vialidad nacional y salud (ATSA), entre otros.
Entre los dirigentes que se dieron cita y tomaron la palabra estuvieron Miguel del Plá (referente de la izquierda e integrante de ADOSAC) y Pedro Mansilla (secretario general de SOEM), demostrando que, más allá de las diferencias ideológicas, “si nos unen los intereses de la clase trabajadora, tenemos futuro” indicó Del Plá en declaraciones a La Opinión Austral.
Lo que plantea la reforma
El eje central de la movilización es el rechazo a la reforma laboral que el oficialismo busca impulsar y que, según los manifestantes, introduce una “regresividad” a tiempos anteriores a la concepción misma de la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina.
Los gremios cuestionan varios puntos sensibles que, a su juicio, representan “logros conseguidos por la masa trabajadora” que actualmente pueden llegar a perderse. Entre las regulaciones más resistidas se encuentran la flexibilización de derechos individuales, la intención de bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, y la potencial derogación de estatutos sectoriales.
Un punto que encendió todas las alarmas es la propuesta de la reforma de avalar el pago de salarios en especies (que el empleador pague con algo que no sea dinero) y el establecimiento de la prioridad de los convenios colectivos de empresa o actividad por sobre los convenios marco. Además, los trabajadores denuncian que las nuevas reglas buscan imponer regulaciones estrictas al derecho de huelga y a la organización gremial, al pretender exigir, por ejemplo, un número mínimo de 50 trabajadores para tener delegados o la necesidad de autorización patronal para realizar asambleas.
Miguel del Plá fue categórico al señalar que este es un “ataque brutal que se está viniendo desde el gobierno nacional y con la complicidad de los gobiernos provinciales“.
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