La Justicia hizo lugar a la acción de amparo presentado por el gobierno de Santa Cruz contra el gremio Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y declaró ilegal la huelga que mantienen los docentes e instó a cesar en su conducta para garantizar el derecho a clase de los alumnos.
El fallo declaró como abusivo y por tanto ilegítimo el ejercicio del derecho de huelga por parte de la demandada durante la primera mitad del ciclo lectivo 2023.
Asimismo calificó esencial la prestación del servicio de educación en la provincia, limitando a un 20% los días de clase de lo que resta del año 2023 que puedan verse afectados por medidas de acción directa dispuestas por ADOSAC, bajo apercibimiento de aplicación de multas progresivas.
En este sentido, instó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz a emplear en lo sucesivo todas las facultades que le otorgan las leyes 2450 y 2986 para procurar que, ante un conflicto colectivo entre el CPE y ADOSAC, las partes se avengan a establecer mecanismos de autorregulación que minimicen el daño que las medidas de acción directa ocasionan sobre el alumnado provincial.
Recurso de amparo
El recurso de amparo sostenía que ADOSAC adoptó “medidas de fuerza extremas” que “en forma arbitrara e ilegal vulneran derechos con protección constitucional y convencional” y alegaba que todas las ofertas realizadas por el Estado al gremio han sido rechazadas sistemáticamente y acusa que la “situación excede la discusión salarial y de condiciones de trabajo, involucrándose cuestiones de política partidaria”.
Asimismo, indicó que se trata de un ejercicio abusivo del derecho de huelga por parte de los docentes y que genera una seria colisión con el interés superior de
los niños a recibir una educación en tiempo y contenidos adecuados.
“Opinan que el objetivo de esta estrategia es, lisa y llanamente, frustrar el dictado de clases con connotaciones de política partidaria en un año electoral. Que la reticente conducta del gremio — que sistemáticamente rechaza todas las ofertas que el Estado realiza — solo tiene en consideración estrategias políticas, por cuanto el Estado (dicen) ha realizado ofertas que satisfacen sus reclamos y brindado todas las herramientas para evitar el conflicto que solo persiste por cuestiones ajenas a la relación entre los docentes y su empleador”, señala la misiva.
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