Denuncian “graves irregularidades” en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas en gestiones anteriores

A través de un comunicado del gobierno provincial y de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se conoció ingresó a la Legislatura un informe que se calificó como “alarmante” de la presidenta del Tribunal de Cuentas denunciando “graves irregularidades” sobre el funcionamiento del organismo durante gobiernos anteriores.

Según la misma información, también compartida por el vicegobernador Fabián Leguizamón en redes sociales, la presidenta de ese organismo Gabriela Castro presentó un informe con datos y estadísticas que revelarían “falta de auditorías, trámites paralizados, demoras en fallos y restricciones de acceso a expedientes”. También advirtió que “no hay mayoría para tomar medidas urgentes dentro del organismo”.

El comunicado destacó que actualmente, dos de las tres vocales por el Ejecutivo —Matilde Morales y Romina Gaitán— fueron designadas en 2017 durante la gestión de Alicia Kirchner. “La vocal por la primera minoría política, Karina Sául, fue nombrada en 2023 y es esposa del exvicegobernador Pablo González”, se indicó.

También que en la Vocalía de Entes Municipales (a cargo de Gaitán), hay 146 juicios de cuentas en trámite. Entre 2020 y 2023, 79 expedientes “siguen sin resolución”. Además, “ningún municipio presentó la rendición del ejercicio 2023”, aseguró Castro.

Por su parte, agregó que en la Vocalía de Empresas del Estado (a cargo de Morales), “un 22% de los expedientes no figura en el sistema, y algunos datan de los años 2014 a 2016, entre otros hechos llamativos”.

En ese sentido, la presidencia de la Legislatura adelantó que desde la Cámara de Diputados “se trabajará sobre esta situación que expone graves fallas en el control del gasto público por parte del Tribunal de Cuentas durante gestiones anteriores, en perjuicio de los santacruceños”.

Por su parte, desde el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Medios, se indicó que la máxima autoridad del Tribunal de Cuentas expuso que “el abandono es una consecuencia directa de las decisiones de los miembros del organismo, quienes, demostrando negligencia en el cumplimiento de los deberes a su cargo y una ostensible morosidad en el dictado de resoluciones, han sumido al Tribunal de Cuentas en un organismo que solo en apariencia cumpliría el cometido institucional tan esencial de controlar el gasto del Estado”.