Denuncian que el Gobierno de Tierra del Fuego habría encubierto datos para favorecer a petrolera británica ligada a Malvinas

Una denuncia periodística encendió las alarmas en torno a una presunta maniobra del Gobierno de Tierra del Fuego para autorizar operaciones de Harbour Energy, una compañía británica con antecedentes de explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas, contraviniendo la normativa argentina vigente.

Según reveló el periodista y ex combatiente de Malvinas, Daniel Guzmán, durante una entrevista en Radio Provincia, autoridades provinciales habrían omitido información clave de organismos internacionales para permitir el desembarco de la firma en el territorio nacional. La acusación apunta directamente a un posible encubrimiento institucional para sortear la Ley 26.659, que prohíbe la participación de empresas vinculadas al Reino Unido y sus actividades en el archipiélago ocupado.

Según el diario Tiempo Fueguino, la investigación señala que Harbour Energy adquirió el paquete accionario global de la alemana Wintershall, quien hasta entonces integraba el consorcio junto a Total Austral y Pan American Energy en la Cuenca Marina Austral Norte. Sin embargo, en los trámites de habilitación presentados ante organismos nacionales, se habría mantenido deliberadamente la razón social de la firma alemana, que ya no opera en el país, con el objetivo de eludir los controles legales y regulatorios.

“Presentaron datos falsos para burlar la ley. Es un escándalo que contradice el discurso oficial sobre la soberanía”, denunció Guzmán. Además, recordó que Harbour fue accionista mayoritaria de Premier Oil, operadora del yacimiento Sea Lion, en aguas circundantes a las Islas Malvinas, bajo licencia británica.

La Ley 26.659, impulsada por el fallecido senador Fernando “Pino” Solanas, establece penalidades e inhabilitaciones a aquellas empresas que exploten recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, especialmente en zonas en disputa como el Atlántico Sur.

Desde la administración de Gustavo Melella, gobernador fueguino, aún no hubo declaraciones públicas. En tanto, Guzmán anticipó que presentará pruebas documentales ante la Fiscalía de Estado y la Justicia Federal, en el marco de la causa iniciada en 2015 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra petroleras extranjeras que operan en el área.

En tanto, el periodista también recordó el antecedente del radar inglés instalado en Río Grande durante 2023, y afirmó que ambos episodios configuran un patrón de contradicciones en la política provincial respecto a la defensa de la soberanía.

“Esto no es un error, es una decisión política encubierta. Los funcionarios sabían a quién estaban habilitando”, sostuvo Guzmán.