Your browser doesn’t support HTML5 audio
En las últimas horas se conoció que las autoridades del Ministerio de la Producción de la provincia firmaron un decreto desafectando al encargado de la administración del puerto de Puerto Deseado, luego de una denuncia que lo comprometería con el supuesto pedido de dinero por servicios a una empresa, solicitando el pago en efectivo.
En ese marco, el director de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, Walter Uribe, debió firmar un instrumento adicional solicitando a Prefectura que impida el ingreso al ahora exencargado al edificio administrativo, ante el temor -según hizo saber- de que pudiera causar daños o represalias, ya que se negaba a entregar las llaves de algunas oficinas.
Según informó el sitio Mar y Pesca, el caso había tomado notoriedad pública tras la detección de presuntas maniobras irregulares que daban cuenta que el funcionario en cuestión habría cobrado en negro cerca de 8 millones de pesos por servicios portuarios a una empresa, solicitando el pago en efectivo. Además, se investiga la desaparición de materiales costosos destinados a reparaciones y supuesta contratación directa de servicios sin que se hayan hecho los procedimientos legales correspondientes.
No obstante, pesaban sobre la misma persona una serie de conductas autoritarias, como maltratos al personal, agresiones a proveedores e incluso supuestas amenazas hacia una funcionaria de Prefectura. Su gestión duró apenas unos meses, pero las denuncias en su contra generaron la decisión de la Unidad Ejecutora Portuaria y del Ministerio de la Producción de Santa Cruz.
En el instrumento legal firmado por las autoridades, entre ellas la ministra Nadia Ricci, se hace saber que se lo limita, a partir del pasado 4 de julio, en el cargo de administrador Puerto Deseado, dependiente de la Unidad Ejecutora Portuaria.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario