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La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves un pedido para que el Poder Ejecutivo remita el expediente completo y los antecedentes vinculados al Decreto Provincial N° 0915/2026, mediante el cual se habilitó una excepción para concretar la venta de un inmueble ubicado en Península de Magallanes, un área sensible desde el punto de vista ambiental, en un sector estratégico, frente al Glaciar Perito Moreno.
El pedido de documentación fue aprobado por unanimidad de los presentes y contempla un plazo de entre 24 y 48 horas para que el Ejecutivo remita las actuaciones. Durante la sesión también se planteó la posibilidad de que el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, concurra a la Legislatura para brindar explicaciones sobre el procedimiento seguido.
El decreto fue firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre. La norma establece, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, una excepción a la restricción prevista en el artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17.
La medida permite avanzar con la venta de un inmueble perteneciente a Lacustre del Sud S.A., identificado como Parcela Fracción G, Matrícula 186, del Departamento III – Lago Argentino, a ASB Hospitality Calafate SAU, para el desarrollo del denominado “Master Plan Ecocentro”.
Según establece el Decreto 0915, la excepción está limitada exclusivamente a esa operación y al proyecto mencionado. Además, aclara que no podrá ser invocada como antecedente, precedente vinculante ni criterio automático para futuras solicitudes de características similares.
La normativa que antecede a la excepción
Cabe recordar que el Decreto 0994/17, dictado durante la gestión de Alicia Kirchner, había establecido restricciones en el marco del régimen de protección de tierras rurales de dominio extranjero. Entre otras disposiciones, impedía que determinados inmuebles se ubicaran total o parcialmente en áreas provinciales protegidas, reservas naturales, parques provinciales y otras categorías de protección.
La nueva norma provincial establece una excepción puntual para la operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU, sin extender la autorización a otras compraventas.
El decreto señala además que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Aun así, dispone que la habilitación, ejecución, puesta en marcha y operación deberán ajustarse a la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente, incluidas las leyes provinciales N° 3466 y N° 2658.
También determina que los desarrolladores deberán cumplir las restricciones, planes de manejo y medidas de mitigación que establezcan el Consejo Agrario Provincial y las demás áreas con competencia en el control y seguimiento del proyecto.
El pedido de documentación
El debate legislativo estuvo centrado en la necesidad de conocer el expediente que derivó en la excepción otorgada por el Ejecutivo provincial.
Los diputados solicitaron que se remitan las actuaciones administrativas completas, junto con los antecedentes vinculados al Decreto 0915. El objetivo del pedido es acceder a la documentación que permita conocer el procedimiento seguido para autorizar la operación y los distintos organismos que intervinieron.
El debate legislativo estuvo centrado en la necesidad de conocer el expediente que derivó en la excepción otorgada por el Ejecutivo.
La Cámara también analizó la posibilidad de convocar al titular del Consejo Agrario Provincial para que explique ante los legisladores las actuaciones desarrolladas por ese organismo.
El pedido de informes se produjo en paralelo con planteos surgidos en El Calafate respecto del procedimiento ambiental y de la participación de la comunidad en relación con el proyecto.
La discusión también llegó al Concejo Deliberante de El Calafate, donde durante la sesión de este jueves se plantearon interrogantes sobre el proceso de evaluación ambiental y los mecanismos de participación ciudadana utilizados en torno al emprendimiento.
El planteo puso el foco en el artículo 8 de la Ley Provincial de Impacto Ambiental y en la necesidad de conocer qué instancias de consulta se desarrollaron durante el procedimiento.
A esto se sumó la posición de la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC), que solicitó información sobre las características del emprendimiento y su eventual impacto sobre el desarrollo turístico de la localidad.
El vínculo con el anuncio de Vidal
El Decreto 0915 también tomó relevancia a partir de un anuncio realizado días atrás por el gobernador Claudio Vidal.
El lunes 21 de septiembre, durante la presentación del proyecto de recuperación ferroviaria en Jaramillo, el mandatario había anticipado que la Provincia estaba próxima a anunciar una inversión turística privada superior a los 90 millones de dólares, vinculada a una empresa de alcance internacional.
En ese momento, Vidal no había informado el nombre de la empresa ni la ubicación del proyecto, aunque había señalado que las negociaciones llevaban aproximadamente un año y que la iniciativa ya había sido presentada formalmente.
También había anticipado que el emprendimiento generaría alrededor de 300 puestos de trabajo.
La publicación del Decreto 0915 permitió vincular aquel anuncio con el denominado “Master Plan Ecocentro”, proyectado en Península de Magallanes. Sin embargo, la norma no establece en su parte resolutiva el monto de inversión ni la cantidad de empleos que tendrá el emprendimiento.
De este modo, el pedido de informes aprobado por la Legislatura busca acceder a la documentación que sustenta la excepción otorgada para la operación inmobiliaria y conocer el procedimiento administrativo y ambiental que antecedió a la decisión del Ejecutivo.
El proyecto se encuentra ubicado en una zona de particular sensibilidad ambiental, en el área de Península de Magallanes y frente al glaciar Perito Moreno, por lo que la discusión legislativa también quedó vinculada con los mecanismos de control y participación previstos por la normativa provincial.
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