Your browser doesn’t support HTML5 audio
La federación de gremios de docentes universitarios, CONADU Histórica, confirmó una jornada de paro nacional y movilización para el próximo lunes 3 de agosto en rechazo al ajuste en la educación pública. La medida de fuerza se llevará a cabo en unidad con CTERA, CONADU y ATE.
A la convocatoria nacional se suma ADIUNPA, la Asociación Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, garantizando la adhesión en la provincia de Santa Cruz y en todas las unidades académicas de la región.
Desde la organización señalaron que la persistente negativa del Gobierno Nacional a convocar a la paritaria y el sostenido deterioro de los salarios profundizan el conflicto educativo en todos sus niveles. A esto sumaron el desfinanciamiento de la educación pública y el incumplimiento de derechos consagrados por la ley.
Entre los reclamos centrales, la federación incorporó la exigencia del cumplimiento inmediato de la medida cautelar que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Bajo la proclama “¡Milei, cumplí con la ley!”, el gremio exige la plena vigencia de la norma, la convocatoria urgente a la paritaria nacional, la recuperación salarial y un presupuesto que garantice el derecho social a la educación pública.
Los antecedentes
El conflicto entre el sector docente universitario y el Ejecutivo Nacional mantiene antecedentes de alta tensión durante el corriente año.
A lo largo de los últimos meses, las federaciones gremiales y la comunidad académica encabezaron múltiples jornadas de lucha, marchas multitudinarias y paros de actividades ante la congelación de los fondos destinados al funcionamiento operativo de las universidades, el freno a las obras de infraestructura y el retraso de las becas estudiantiles.
La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación buscó dar una salida a la crisis presupuestaria garantizando la actualización automática por inflación. Sin embargo, la posterior decisión del Poder Ejecutivo de vetar la norma y las posteriores resoluciones de la Justicia —que ratificaron medidas cautelares favor de las universidades— derivaron en un escenario judicial y político paralizado.
Esta falta de resolución oficial profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes y nodocentes de todo el país frente a la inflación, afectando de manera directa el desarrollo del ciclo lectivo y las actividades de investigación.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia