Ante el ingreso a la Cámara de Diputados del pedido de juicio político al presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Javier Ramos, y a las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán, por la presunta comisión de violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina emitió un duro comunicado donde advierte sobre la inconstitucionalidad del procedimiento.
En el escrito, al que tuvo acceso La Opinión Austral, se indicó que la Constitución de la provincia de Santa Cruz dispone que los únicos funcionarios enjuiciables a través del juicio político son el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Según remarcaron, esto es taxativo y “no admite extensión alguna a otros funcionarios“.
Asimismo, recordaron que la ley orgánica del Tribunal de Cuentas “establece que sus miembros gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los jueces de la provincia y son enjuiciables ante el mismo jurado, por igual procedimiento y en los mismos casos que ellos”.
Por su parte, el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas observó que la Carta Magna Provincial dispone que los jueces y funcionarios de la provincia “son enjuiciables ante un Tribunal de Enjuiciamiento, formado por un miembro del Tribunal Superior, un diputado letrado, si lo hubiere, y un letrado del foro provincial elegido por sorteo efectuado por el Tribunal Superior, y si no hubiera un diputado letrado, será reemplazado por un miembro del Tribunal Superior“. Cabe recodar que en este último caso también hay un conflicto, toda vez que el oficialismo nombró como miembro del Tribunal de Enjuiciamiento al legislador Mario Piero Boffi, siendo que no es abogado.
En otro párrafo del escrito se indicó que “se advierte que la denuncia que promueve el juicio político se materializa en inobservancia a la ley y la Constitución de la provincia de Santa Cruz, violentando las garantías individuales para la legítima defensa y socavando las instituciones de la república, que garantizan el control legítimo sobre la recaudación y aplicación de los dineros públicos”.
Luego, en otro análisis contundente, se expresó: “Estamos frente a un caso concreto de gravedad institucional” y subrayaron que no puede entenderse de otra manera el “utilizar la institución del juicio político como un elemento de presión y como método para condicionar y disciplinar la actuación de los miembros del tribunal en oportunidad del control que les compete, colocando a su vez al tribunal todo en un estado de vulnerabilidad inaceptable en un sistema republicano”.
Entre otras consideraciones, afirmaron que “el ataque lesivo a la independencia, autonomía y facultades de estos organismos, encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica de los órganos de gobierno, constituye un peligroso avance contra el mismo órgano democrático consagrado en las respectivas constituciones”.
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