El diputado Piero Boffi explicó cómo es el paso a paso del tratamiento de los pedidos de juicio político

El diputado provincial Mario Piero Boffi, presidente de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, detalló el procedimiento que se sigue ante un pedido de juicio político, un mecanismo constitucional que permite evaluar la actuación de funcionarios de alto rango y, eventualmente, su remoción.

Según explicó Boffi, el proceso está regulado por la Ley Provincial N° 13 y el artículo 137 de la Constitución Provincial, y se desarrolla en dos etapas principales dentro de la Cámara de Diputados: la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora. La conformación de ambas se realiza mediante sorteo durante la primera sesión ordinaria del año.

Paso 1: La Sala Acusadora

La Sala Acusadora, integrada por doce diputados, es la encargada de analizar la denuncia presentada contra un funcionario. Tiene un plazo aproximado de 30 a 40 días para estudiar el caso y determinar si la acusación cumple con los requisitos legales para avanzar.

Si la Sala Acusadora considera que hay mérito, el funcionario puede ser suspendido temporalmente, mientras el expediente es remitido a la Sala Juzgadora para su evaluación final. Este mecanismo busca garantizar transparencia y cumplimiento de la normativa vigente durante todo el proceso.

Paso 2: La Sala Juzgadora

Una vez que el expediente llega a la Sala Juzgadora, los legisladores tienen un plazo de 30 días para analizar las pruebas y emitir un fallo. Para la destitución de un funcionario, se requiere el voto de dos tercios de los miembros presentes. En caso de que no se alcance ese quorum, el funcionario puede ser reincorporado a su cargo.

Cómo se aplicó en los casos recientes

En la actualidad, la Sala Acusadora resolvió avanzar con el expediente contra Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia, por no cumplir con los seis años de ejercicio de la abogacía exigidos por la Constitución Provincial. Durante el análisis, Basanta estará suspendido y percibirá la mitad de su sueldo.

Por su parte, el pedido de juicio político contra Reneé Fernández fue archivado, ya que no cumplía con los requisitos legales necesarios para continuar el trámite.

Boffi destacó que el proceso de juicio político es sencillo de comprender y está diseñado para que los legisladores cumplan con la ley, al mismo tiempo que se garantiza la responsabilidad institucional y la transparencia ante la ciudadanía.

El mecanismo de juicio político puede aplicarse a Gobernador, Vicegobernador, Ministros y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y constituye un instrumento clave de control democrático en la provincia de Santa Cruz.