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Este miércoles, el Honorable Concejo Deliberante llevó adelante su primera sesión extraordinaria del año con un temario de fuerte contenido político y financiero para la capital santacruceña para este 2026. Tras un intenso debate, el oficialismo municipal, que contó en el recinto con la presencia del jefe de Gabinete Diego Robles, logró aprobar el Presupuesto General de Gastos e Inversiones y la actualización del Impuesto Patente Automotor y de Bebidas Alcohólicas, aunque sufrió un revés en la búsqueda de financiamiento externo.
El rol de D’Amico
El cálculo de recursos y gastos, que asciende a un total de $146.323.497.214, llegó al recinto con un dictamen dividido. La paridad entre los bloques Unión por la Patria (tres concejales) y Por Santa Cruz (tres concejales) obligó a la intervención de la concejal Daniela D’Amico (UCR), quien con su voto de desempate permitió que el municipio cuente con la herramienta legal para administrar los fondos este año.
El presupuesto aprobado revela un escenario financiero complejo: se estima un déficit operativo de más de $14.500 millones, donde los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir los gastos de funcionamiento. Además, la estructura administrativa fija una planta de 3.904 cargos, de los cuales un 15% (605 cargos) corresponden a personal de gabinete y conducción.
En cuanto al Impuesto Patente Automotor, se ratificó el esquema que vincula el tributo a la valuación de mercado para modelos 2007 en adelante (con alícuotas del 2% al 3%), mientras que para los vehículos anteriores a 2006 se establecieron montos fijos (como los $25.220,97 anuales para la categoría más baja).
Asimismo, se aprobó la estimación de recaudación por Patente de Bebidas Alcohólicas por un monto de $125 millones. Como incentivo, se mantendrán los beneficios por “buen contribuyente” (5% de descuento) y un 15% de quita por pago anual anticipado.
El límite de la oposición
El punto donde el Ejecutivo Municipal no logró consenso fue en la autorización para tomar deuda. El proyecto original (Artículo 12°) solicitaba facultades para gestionar líneas de crédito o leasing por un monto equivalente a cuatro masas salariales brutas, lo que representaba un auxilio financiero cercano a los $22.000 millones.
Al no alcanzar la mayoría necesaria para este punto específico, el municipio deberá afrontar el déficit proyectado sin el respaldo de financiamiento bancario o de organismos multilaterales, lo que obligará a una administración sumamente austera de los recursos propios, que hoy destinan apenas el 6,4% a obra pública.
A pesar del freno al endeudamiento, la ordenanza aprobada otorga al Ejecutivo facultades de reestructuración de partidas y la posibilidad de ampliar el presupuesto de manera automática si la recaudación o la inflación superan las metas previstas, sin necesidad de volver a pasar por el recinto legislativo. Sin embargo, para endeudarse deberá enviar un proyecto para ser analizado y aprobado por los concejales.
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