El oficialismo podría avanzar esta semana en adherir al polémico RIGI

A principios del mes de septiembre, el diputado Javier Jara, del bloque oficialista Por Santa Cruz, propuso enviar el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones de vuelta a comisiones, cuando el mismo bloque oficialista pretendía aprobarlo. Fue en el marco de una fuerte marcha de gremios y sectores sociales afuera de la Legislatura en contra del proyecto.

Jara, que viene del sector Movere del intendente José María Carambia, no era el único que habría puesto algunos reparos a esta ley. En ese momento, también Pedro Valenzuela no habría estado del todo de acuerdo con acompañar la iniciativa. Valenzuela renunció a su banca pocos días después, lugar que será ahora ocupado por Pedro Luxen, hombre de confianza del gobernador Claudio Vidal y que ocupa el Ministerio de Gobierno.

Como informó La Opinión Austral, en el bloque conviven -además- varios sectores y algunos de ellos se manifestaron en contra, como la organización Libres del Sur, que tiene en sus filas a la diputada Claudia Barrientos, o el Movimiento Evita, de donde viene la diputada de Caleta Olivia, Patricia Urrutia. Además, el oficialismo no contaba con el voto de Pedro Muñoz, en el monobloque Cambia Santa Cruz. “Requiere mayor discusión y debate incluir algunas cuestiones, como se planteó en Chubut“, había dicho el diputado en ese momento a este medio.

Mientras tanto, esta semana en las comisiones parlamentarias el oficialismo dio despacho favorable al proyecto de adhesión de Santa Cruz al RIGI. Para la oposición, la iniciativa afecta directamente a las pymes y por ende, a la industria santacruceña. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazú, indicó que “la legislación nacional no nos ayuda como provincia, es un retroceso para las pymes, que no verán beneficios fiscales, cambiarios ni aduaneros, sino que provocará una pérdida de puestos de trabajo, donde miles de familias pagarán los costos de este ajuste brutal”.

Más adelante, sostuvo que “el pedido de tratamiento y votación fue realizado por el bloque oficialista, argumentando que era un pedido del Poder Ejecutivo, otra vez atacan a las pymes provinciales“. “Nosotros entendemos que tenemos normativas provinciales que podrían mejorarse, no somos proclives a adherir a la norma nacional porque perdemos condiciones de competitividad y crecimiento económico, principalmente laboral”, manifestó.