El Servicio Penitenciario Provincial y la Justicia en alerta por la sobrepoblación carcelaria

Santa Cruz atraviesa uno de los desafíos más complejos de su sistema de seguridad: la sobrepoblación carcelaria. Con establecimientos que alojan el doble de internos para los que fueron diseñados y comisarías adaptadas a la fuerza como centros de detención, las autoridades buscan una respuesta que combine infraestructura, gestión y un cambio en las políticas penitenciarias. La inauguración de la nueva sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y una agenda de trabajo conjunto con la Justicia son los ejes de una estrategia que pretende transformar el panorama.

Claudio Vidal encabezó la recorrida por la flamante sede ubicada en la calle Don Bosco al 300, acompañado por el director Ejecutivo del SPP, inspector general Alejandro Roque Carrasco; el director General de Administración, subprefecto José Feliciano Gordillo; y el presidente de Distrigas, Marcelo De la Torre. Allí, Vidal subrayó que la centralización de las Direcciones Generales permitirá mejorar la coordinación interna y optimizar los recursos humanos y materiales.

La creación de esta jefatura, cedida tras un trabajo interministerial entre Seguridad, Desarrollo Social y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, representa un paso inédito en la breve historia del SPP, fundado hace apenas cinco años.

Pero la infraestructura, aunque clave, no es suficiente para descomprimir la presión sobre un sistema penitenciario que desde hace años funciona al límite. La propia Justicia provincial ha declarado en dos oportunidades la emergencia carcelaria, la primera hace casi una década, en tiempos del juez Joaquín Cabral. Hoy, las cifras vuelven a encender alarmas: en la Cuenca Carbonífera, por ejemplo, hay unidades con capacidad para doce internos que alojan a 24. En El Calafate, la Comisaría Primera fue refaccionada y ampliada en 2022 por los propios reclusos, con fondos privados, para paliar la falta de espacio.

La reunión mantenida recientemente entre el SPP y altas autoridades judiciales marcó otro hito. Carrasco se sentó a la mesa con jueces, fiscales y funcionarios de la Cámara Oral para diagramar una agenda que aborde, la sobrepoblación, la mejora de las condiciones de detención, el acceso a la educación y programas de reinserción, así como el fortalecimiento de la infraestructura.

Fuentes judiciales remarcaron a La Opinión Austral que la saturación de las cárceles y comisarías no solo responde a la falta de capacidad edilicia, sino también a criterios judiciales que podrían revisarse. Entre las alternativas mencionadas aparecen la aplicación más frecuente de dispositivos electrónicos, como las pulseras de monitoreo, y la priorización del encarcelamiento para delitos graves, evitando que personas con penas cortas ocupen plazas que deberían reservarse para casos de mayor peligrosidad. “Lo que hay que evitar es la superpoblación. Hay que utilizar criterios, alternativas, y dejar esos lugares para los delincuentes peligrosos que han cometido hechos delictivos graves“, advirtió una fuente con conocimiento directo del tema