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El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz concretó este jueves la entrega formal de las matrículas de abogados y abogadas al Colegio Público de la Abogacía de la provincia, en el marco de la implementación de la Ley Provincial N° 3913 y su reglamentación.
El acto fue encabezado por el secretario de Superintendencia y Jurisprudencia del máximo tribunal, Dr. Matías Neil, quien oficializó la transferencia de la documentación correspondiente al registro profesional.
La entrega se realizó en cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 de la Ley N° 3913 y el artículo 10 del Anexo I del Decreto Provincial N° 0526/25, normas que disponen el traspaso de los documentos, libros y registros originales relacionados con la matrícula de abogados y abogadas al Colegio Público de Abogados de Santa Cruz.
En representación de la institución receptora participaron la presidenta del Colegio Público de Abogados, Dra. Diana Huerga Cuervo; el tesorero, Dr. Pablo Kairuz; y el Dr. Javier Stoessel. La actuación fue constatada por la escribana Adriana Leticia López, quien certificó el procedimiento.
Con este paso, se da cumplimiento efectivo a la normativa que asigna al Colegio Público de Abogados la administración de la matrícula profesional, consolidando el proceso de traspaso de la documentación registral desde el Poder Judicial hacia la entidad que nuclea a los profesionales del derecho en la provincia.
Contexto institucional
La entrega de las matrículas representa un nuevo paso en la puesta en funcionamiento del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC), organismo creado por la Ley Provincial N° 3913, sancionada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024 y promulgada parcialmente en enero de 2025. La norma estableció un nuevo régimen para el ejercicio de la profesión y dispuso que el gobierno de la matrícula dejara de estar en manos del Tribunal Superior de Justicia para pasar a la entidad que representa a los profesionales del derecho.
Durante su implementación, el proceso atravesó distintas etapas. El Poder Ejecutivo introdujo vetos parciales a la ley, principalmente sobre la integración del Directorio, lo que obligó a una revisión legislativa. Posteriormente, la Legislatura aprobó modificaciones mediante la Ley N° 3942, que adoptó la denominación Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, incorporó criterios de paridad de género y representación de ambas circunscripciones judiciales, además de ratificar que el organismo tendrá a su cargo el control del ejercicio profesional y el gobierno de la matrícula.
Tras la reglamentación del régimen electoral y la elección de sus primeras autoridades, que consagró a Diana Huerga Cuervo como presidenta del Colegio, la nueva institución comenzó a asumir progresivamente las funciones previstas por la ley. En ese marco, la transferencia de los libros, registros y documentación original de la matrícula por parte del Tribunal Superior de Justicia constituye uno de los últimos pasos administrativos para completar el traspaso de competencias al CPASC.
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