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La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de aranceles a las importaciones encendió señales de alarma en Tierra del Fuego. Desde la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) advierten que la medida no solo afectaría el entramado industrial local, amparado por el subrégimen de la Ley 19.640, sino que implicaría una merma significativa en los recursos fiscales de la provincia.

Según estimaciones del organismo tributario, las empresas alcanzadas por el régimen especial proyectan en 2025 un aporte total de $80.000 millones a las arcas fueguinas, lo que representa el 20,5% de la recaudación total. De ese monto, $57.000 millones corresponden a la Tasa de Verificación de Procesos Productivos y $23.000 millones al impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El gobierno nacional busca reducir la protección arancelaria para aumentar la competitividad vía importaciones. No obstante, en el caso fueguino, el recorte de beneficios podría impactar en uno de los pilares del modelo económico provincial.

Desde la AREF desestimaron los cuestionamientos sobre una supuesta presión impositiva excesiva. La Tasa de Verificación tiene una alícuota del 1,8%, que puede reducirse al 1,62% en función del nivel de inversión. Aplicada sobre el valor de producción, representa menos del 1% del precio final de venta.

Respecto al impuesto sobre los Ingresos Brutos, la alícuota es del 1,5% para la actividad industrial. Como las compañías alcanzadas operan en múltiples jurisdicciones, el tributo se distribuye según el Convenio Multilateral. Así, Tierra del Fuego solo percibe entre un 25% y 30% del monto total, equivalente a no más del 0,5% de la facturación de las empresas, según datos oficiales.

Según consignó el diario El Sureño, AREF remarcó que, incluso eliminando ambos tributos, el impacto sobre los precios finales sería marginal —una reducción del orden del 1%—, por lo que atribuyen las críticas a un posicionamiento político antes que a fundamentos económicos. En este sentido, aseguran que los costos de producción locales son competitivos y que las distorsiones se concentran en la cadena de comercialización.

“El impacto no se limita a lo que hoy tributan las fábricas. Hay un ecosistema completo que depende de la actividad industrial: transporte, seguridad, limpieza, servicios logísticos, proveedores, comercio exterior y pymes locales”, señalaron desde la AREF.

Señalaron, por último, que un eventual cierre de líneas de producción pondría en riesgo el empleo directo e indirecto, con consecuencias en el consumo interno y la actividad comercial, en una provincia con alta dependencia de su sector manufacturero.

 

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