En medio de la crisis en el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia denunció presiones políticas y recortes

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz difundió un extenso comunicado en el que alertó sobre la grave situación institucional y presupuestaria que atraviesa el Poder Judicial provincial.

El documento, firmado por la presidenta Renee Fernández y los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, señaló que la ampliación del número de integrantes del Tribunal -dispuesta por la Ley 3949 sancionada en agosto- generó conflictos judiciales y políticos que derivaron en “un alto nivel de tensión en los últimos quince días”.

Además, recordaron que la Asociación Gremial de Empleados Judiciales impulsó un planteo de inconstitucionalidad contra la norma y obtuvo una medida cautelar que ordenaba suspender el tratamiento de las ternas elevadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, denunciaron que el gobernador y legisladores oficialistas manifestaron públicamente que no acatarían la orden judicial. Pese a esa prohibición, la Cámara de Diputados avanzó con la designación y jura de dos nuevos vocales.

El TSJ también expresó preocupación por el ingreso a la Legislatura de un proyecto que crea el cargo de Procurador General y reorganiza el Ministerio Público Fiscal. Según los vocales, se trata de una iniciativa de “tal trascendencia” que requiere “un debate serio, profundo y responsable”. En paralelo, se refirieron al pedido de juicio político contra el vocal Fernando Basanta, pese a que la Justicia ya había desestimado impugnaciones a su designación.

En el plano institucional, cuestionaron “la falta de comunicación” con el gobernador y denunciaron declaraciones públicas de funcionarios que, a su entender, buscan “presionar, condicionar o desmoralizar” al Tribunal, llegando incluso a mencionar una posible intervención federal del Poder Judicial santacruceño.

Otro de los puntos centrales del comunicado fue la situación presupuestaria, sobre la que advirtieron un recorte del 38% en el presupuesto 2025 y la proyección de una reducción del 31% para 2026 “afectan gravemente el servicio de justicia”. Recordaron además que en junio debieron declarar la Emergencia Edilicia e Informática por falta de infraestructura y recursos.

“El recorte irreflexivo del presupuesto produce inevitablemente una grave afectación al cumplimiento de las obligaciones constitucionales que este Poder del Estado debe garantizar”, remarcaron los vocales, quienes subrayaron que su postura responde al compromiso de “brindar cada día un mejor servicio de justicia, respondiendo a las necesidades de la sociedad”.