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Este martes se oficializó la proclamación de las autoridades electas del Colegio Público de la Abogacía tras ser elegidas por la voluntad popular en las elecciones del 03 de noviembre.

En esta oportunidad se contó con la presidenta del Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Santa Cruz, Reneé Guadalupe Fernández, acompañada por los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta quienes hicieron la entrega de los diplomas correspondientes.

Es importante mencionar que la creación de este Colegio es un hito histórico ya que es el primero de la provincia y está compuesto por la presidenta Diana Huerga Cuervo, el vicepresidente Paulo Schmidt, la secretaria Karina Pesoa y el tesorero Pablo Kairuz.

La presidenta del Tribunal, Reneé Fernández y la presidenta del Colegio Público de la Abogacía, Diana Huerga Cuervo. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

También lo componen los vocales titulares, Karen Cader, Sandra Marzzan, Virginia Zapata, Roger Espinoza y Diego Berniga. En el Tribunal de Disciplina Mario Paradelo y Marcela Dassen y como suplente la Sonia Taboada y como síndico Viviana Bender.

El vocal del TSJ, Fernando Basanta y una de las vocales del Colegio de la Abogacía, Viviana Bender. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

A modo de cierre, la titular del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández expuso ante los presentes: “En nombre del Tribunal los felicitamos y para nosotros es un placer compartir este acontecimiento con todos ustedes. Es un momento muy importante para la abogacía en Santa Cruz. Hay mucho por hacer y trabajar“.

Un Colegio “desde cero”

Tras el acto, la flamante presidenta Colegio Público de la Abogacía, Diana Huerga Cuervo indicó a La Opinión Austral que “es un contexto complejo porque hay una crisis de la administración de Justicia que se agudizó y profundizó con la pandemia y en la post-pandemia“, aseguró.

“Advertimos una crisis generalizada”, indicó Huerga Cuervo a La Opinión Austral. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Recordó –además- que tienen dos amparos en el Tribunal Superior de Justicia por la designación de Fernando Basanta y “nos ha pasado que hemos tenido a dos integrantes del Tribunal actuando como presidentes, con lo cual es complejo” ya que “más allá de los casos puntuales, esto se tiene que solucionar, se tiene que dar una respuesta institucional y se tiene que resolver porque es de una inseguridad jurídica para todos los santacruceños”, dijo.

La vocal del TSJ, Paula Ludueña, con una de las integrantes del Tribunal de Disciplina del Colegio de la Abogacía, Sonia Taboada. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Nos ha tocado recorrer la provincia por las elecciones (para el Colegio de la Abogacía) y advertimos una crisis generalizada, con mucha demora, mucha arbitrariedad en los procesos, y con los justiciables con muchas quejas porque la justicia no le logra solucionar en un tiempo oportuno sus problemáticas, con todo lo que ello implica”, enfatizó.

Sólo cuatro vocales del TSJ estuvieron presentes en el acto. De izq. a der.: Fernando Basanta, María de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña.

Luego, aclaró que desde el Colegio de la Abogacía “vamos a tener un rol importante en defender el ejercicio profesional y plantear todas estas cuestiones en vías de un mejoramiento en la administración de la Justicia” y agregó que la creación de un Observatorio de Administración de Justicia permitirá tener un mapeo de qué es lo que está pasando a nivel administración de justicia en la provincia con datos ciertos y sistematizados.

Se trató de un acto histórico. Es la primera vez que se elige un Colegio de la Abogacía.

Habló de los próximos pasos que son realizar una asamblea para definir cuánto se abonará como matrícula y que servirán para montar dos sedes, una en Caleta Olivia y otra en Río Gallegos. Sobre el tribunal de disciplina propio, aclaró que al tener que hacer un Colegio desde cero, el decreto reglamentario establece un plazo de 90 días hábiles judiciales, prorrogables por 45 días más, donde en ese período todavía el gobierno de la matrícula la va a seguir manejando el Tribunal Superior.

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