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La votación para elegir autoridades del Concejo Deliberante de Río Gallegos realizada el sábado pasado quedó en medio de una fuerte disputa, lo que se trasladó a los estrados judiciales tras una presentación realizada por el bloque “Por Santa Cruz“, amparo que cayó en los estrados del juez Francisco Marinkovic.
La novedad se da casi en el cierre del año, por lo que se espera que la Justicia defina rápidamente este conflicto político originado en el HCDRG, ya que para el año próximo, cuando se reabran las sesiones (a partir de marzo), este tema debería quedar saldado. La situación no es menor, toda vez que en pocos días más se abrirá la feria judicial.
Según fundamenta este sector, la votación -que derivó en la presidencia del concejal Martín Chávez (Unión por la Patria)- estuvo teñida de varias irregularidades y se dio por fuera del reglamento. En el escrito, aseguraron que “las autoridades de facto” e “ilegítimamente autoelectas” se beneficiaron “de un trámite irregular y arbitrario” y subrayaron que fue “violentando la normativa de aplicación para su designación, evidenciando un espíritu ajeno al espíritu democrático que debe regir este órgano y obstaculizando su normal funcionamiento“.
Pero este jueves, el propio Martín Chávez salió a contrarrestar las acusaciones y manifestó que todo se hizo conforme al reglamento, subrayando que los concejales del partido SER Santa Cruz tienen un “enorme desconocimiento de nuestro reglamento” y acusándolos de “falta de compromiso con la tarea que les encomendó el pueblo de Río Gallegos”, pero “resulta que no estudian el reglamento y ahora quieren que los salve un juez“.
El amparo
Fue el abogado Sergio Macagno quien presentó el amparo a la Justicia. Este, a través de una cautelar, pide “dejar sin efecto la sesión preparatoria del día 9 de diciembre de 2023 y la designación furtiva de autoridades, como asimismo se conceda con caución juratoria“. Luego de realizar un pormenorizado detalle de lo que ocurrió en la sesión del sábado pasado, denunció que en esa instancia el concejal Chávez “se apropió furtivamente del sillón de la presidencia”.
Luego manifestó que se pretendió realizar el acto de designación de autoridades del organismo contrariando e incumplimiento la norma de procedimiento (artículos 2, 19 y 74 del Reglamento Interno). Según relató, la votación de la primera moción para elegir presidente del HCDRG, presentada por la concejala Soledad Kamú (Unión por la Patria), proponiendo a Martín Chávez había quedado empatada 2 a 2. Pero observó que la votación de la segunda moción realizada por el edil Ayrton Ruay (Por Santa Cruz), que proponía a la concejala Victoria Ojeda como presidenta, nunca se realizó.
Y al respecto, las calificó como “conductas ilegales y arbitrarias” que “causan un gravamen irreparable y perjuicios al sistema democrático por la designación nula de las autoridades del HCD: presidente, vicepresidente 1ro, vicepresidente 2do y secretario, surgiendo palmario que la cuestión planteada no puede esperar hasta la finalización del receso y el comienzo de las sesiones ordinarias previstas en marzo de 2024, por ello es causal suficiente para determinar que la vía del amparo judicial es la idónea para este reclamo“.
Qué dijo Chávez
Pero como anticipábamos anteriormente, el concejal Martín Chávez se defendió de estas acusaciones y tildó la presentación judicial como una maniobra del partido SER para judicializar una instancia netamente política. “Mis colegas tenían muchas posibilidades en ese momento para torcer el resultado que no les gustó. En vez de irse incumpliendo su función de concejales, podrían haber vuelto al recinto y, con la mayoría que decían tener, podrían haber planteado una moción para removerme del cargo. Cuatro concejales expresaron su voto y 3 concejales se abstuvieron, esa es la única realidad”, dijo el edil.
Cabe destacar que la nueva composición del Concejo Deliberante capitalino quedó en una paridad como hacía algunos años no ocurría, con tres concejales que responden al intendente Pablo Grasso, tres al lema “Por Santa Cruz” que llevó a Claudio Vidal a la gobernación y una concejala de Juntos por el Cambio (Daniela D’Amico).
Ahora se espera la resolución de la Justicia para saber qué pasara con la presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos.
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