Fuerte rechazo al pedido de intervención federal de la justicia santacruceña

Esta semana el diputado nacional José Luis Garrido (Por Santa Cruz) presentó un pedido de intervención federal ante el Poder Judicial de Santa Cruz desde la Cámara de Diputados de la Nación, medida que –según indicó- busca “garantizar la independencia judicial” y avanzar con “denuncias penales vinculadas a casos de corrupción” provincial.

Sin embargo, el pedido de Garrido no cayó bien en las cortes de jueces nacionales que siempre intentan mantener y respaldar la independencia y el federalismo de la justicia. En ese sentido, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron una declaración conjunta.

Fue con la presencia de los presidentes y ministros de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde  se reiteró y ratificó la postura de esta Junta Federal en sucesivas oportunidades de conformidad al artículo 2 inciso A de su estatuto y de acciones asumidas respecto de la más firme oposición a la intervención federal, de carácter parcial, al Poder Judicial.

“Tal actitud, como cualquier otra intervención federal, sólo al Poder Judicial de provincia, implicaría una gravísima afectación a las autonomías provinciales con el consiguiente agravio a la Constitución Nacional”. Además, “constituiría la reiteración de una forma de proceder con muy nefastos antecedentes históricos”  y “se reafirman los principios de inamovilidad, imparcialidad, independencia y garantía del juez natural de acuerdo a la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales sobre la materia”.

Asimismo, indicaron que las cuestiones institucionales provinciales “deben canalizarse mediante la aplicación de los mecanismos constitucionales locales y la acción del propio Estado Provincial si correspondiere, bajo una organización Federal y Republicana”. En ese sentido, enfatizaron que “el remedio federal parcial al que nos oponemos, atenta contra el Estado de Derecho al que todos los argentinos debemos defender celosamente, e injuria el sistema representativo, republicano y federal del gobierno”.

Cabe destacar que el pedido de José Luis Garrido se da en medio de un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo provincial y el Tribunal Superior de Justicia que comenzó con la reforma de la ley que amplió de 5 a 9 la cantidad de sus miembros. El otro antecedente inmediato es la restitución del cargo de Procurador General para volver a otorgarle ese puesto al Dr. Eduardo Emilio Sosa; y hasta el pedido de juicio político contra el vocal Fernando Basanta.