Impulsan otra ley para priorizar a proveedores locales en minería, petróleo y pesca

Un grupo de diputados provinciales presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca transformar el régimen de contratación de bienes y servicios vinculados a las principales actividades económicas de Santa Cruz, como la minería, los hidrocarburos, la pesca y los grandes emprendimientos productivos.

La propuesta, denominada “Régimen de Desarrollo y Priorización de Proveedores Locales en Actividades Estratégicas”, plantea la derogación de la Ley Provincial N° 3616 y la creación de un nuevo esquema destinado a fortalecer la participación de empresas santacruceñas en las cadenas de valor vinculadas a la explotación de recursos naturales.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez, quienes sostienen que el objetivo es corregir falencias detectadas en la normativa vigente y garantizar que las localidades donde se desarrollan los proyectos productivos reciban beneficios económicos concretos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de la figura de la Localidad de Influencia Directa (LID), que comprenderá a los municipios o comisiones de fomento ubicados más cerca de las instalaciones productivas o campamentos base de cada emprendimiento.

La iniciativa establece que, al momento de contratar bienes o servicios, las empresas deberán respetar un orden obligatorio de prelación. En primer lugar deberán convocar a proveedores radicados en la LID; luego a empresas del resto de Santa Cruz; posteriormente a proveedores de provincias limítrofes; después al resto del país y, finalmente, al exterior.

Según el texto, sólo podrá avanzarse al siguiente nivel cuando no exista una oferta técnica y económicamente razonable en la categoría anterior, situación que deberá ser debidamente justificada ante la autoridad de aplicación.

Control digital y trazabilidad

El proyecto también crea el Sistema Provincial de Trazabilidad de Contrataciones (SPTC), una plataforma digital que permitirá registrar, controlar y publicar todas las contrataciones realizadas por las empresas alcanzadas por la ley.

A través de este mecanismo, cada contratación deberá identificar al proveedor, el proyecto involucrado, el monto contratado y el nivel de prelación utilizado.

Además, el sistema impedirá registrar contrataciones con empresas que no cuenten con inscripción vigente en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), que continuará funcionando bajo un nuevo esquema regulatorio.

Los autores sostienen que esta herramienta permitirá superar una de las principales debilidades de la legislación actual, entre ellas, la falta de mecanismos efectivos para verificar el cumplimiento de las obligaciones de contratación local.

Otro de los puntos destacados es la creación de la categoría de Proveedor Local Emergente, destinada a emprendedores y empresas radicadas en las localidades de influencia directa que aún no cumplan con todos los requisitos de antigüedad exigidos para integrar el registro provincial.

La propuesta contempla que estos proveedores puedan incorporarse de manera provisoria al sistema durante un plazo de hasta dos años, período durante el cual deberán adecuarse a las exigencias previstas por la ley.

Asimismo, las empresas operadoras estarán obligadas a presentar programas anuales de desarrollo de proveedores locales, con metas concretas de incorporación de nuevas firmas, capacitación técnica y asistencia para certificaciones. Por su parte, el Estado provincial deberá complementar estas acciones mediante líneas de financiamiento, programas de capacitación y herramientas de fortalecimiento productivo.

Alcance y sanciones

La iniciativa alcanza a empresas petroleras, mineras, pesqueras, concesionarias de servicios públicos provinciales y otros grandes proyectos productivos autorizados por la Provincia.

En caso de incumplimiento, se prevé un régimen de sanciones progresivas que incluye apercibimientos, multas económicas, suspensión de beneficios fiscales, inhabilitación para contratar con el Estado provincial e incluso la recomendación de revisar concesiones o permisos otorgados por la Provincia en casos considerados muy graves.

Las multas estarán calculadas en litros de combustible gasoil comercializado por YPF en Santa Cruz, un mecanismo que busca evitar que las sanciones pierdan valor frente a los procesos inflacionarios.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que existe una histórica desconexión entre la explotación de los recursos naturales y el desarrollo económico de las comunidades donde se llevan adelante las actividades extractivas. “Las empresas operan, los recursos se extraen y la riqueza generada fluye mayoritariamente hacia afuera, mientras las pymes locales, los trabajadores independientes y los emprendedores quedan al margen de la cadena de valor“, señalaron.