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Bajo el título “Ley de Concurso e Igualdad de Acceso para el Personal y Funciones del Poder Judicial Provincial”, el bloque mayoritario de “Por Santa Cruz” presentó un proyecto de ley que propone que todos los ingresos al Poder Judicial se realicen mediante concurso público.

La iniciativa, cuya autora es la diputada Adriana Nieto, contempla la modificación de la Ley 1.600, específicamente de su artículo 9, que quedaría redactado de la siguiente manera: “El ingreso de personal al Poder Judicial Provincial será mediante el procedimiento de concurso público”. De este modo, se busca garantizar mayor transparencia y equidad en el acceso a los cargos judiciales.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el sistema concursal alcanzará a la cobertura de vacantes en cargos de letrados, personal administrativo, de maestranza y profesionales destinados a distintos cuerpos periciales. Asimismo, se establece que también deberán ser designados por concurso público quienes ocupen Secretarías del Tribunal Superior de Justicia, Cámaras, Juzgados y dependencias del Ministerio Público.

La diputada Adriana Nieto es la autora del proyecto de Ley.

En la misma línea, el proyecto indica que este mecanismo se aplicará a los cargos que se creen en el futuro, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades y la no discrecionalidad en el ingreso al Poder Judicial.

Por otra parte, se incorpora el artículo 9 bis, que establece que el Tribunal Superior de Justicia deberá garantizar la estabilidad laboral del personal luego de seis meses desde su ingreso. Además, se fija que el escalafonamiento y los ascensos estarán determinados por títulos, desempeño, antigüedad y resultados en concursos de oposición.

Se busca garantizar mayor transparencia y equidad en el acceso a los cargos judiciales.

En materia de inclusión, el artículo 9 ter dispone que el 4% de los cargos deberá ser ocupado por personas con discapacidad, mientras que se reservará un 1% para personas travestis, transexuales y transgénero, siempre que cumplan con los requisitos del puesto. Esta medida apunta a promover el acceso real y efectivo sin discriminación.

Uno de los artículos dispone que el 4% de los cargos deberá ser ocupado por personas con discapacidad.

Finalmente, el proyecto también modifica el artículo 29 de la normativa vigente, estableciendo requisitos específicos para ocupar las Secretarías del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos ser argentino, mayor de 30 años, contar con título de abogado y acreditar al menos cinco años de ejercicio profesional. En todos los casos, la designación deberá realizarse mediante concurso público, conforme lo establecido en la nueva redacción del artículo 9.

El proyecto tomó estado parlamentario en la primera sesión del año y ya quedó en condiciones de empezar a ser debatido en comisiones.

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