Your browser doesn’t support HTML5 audio
La discusión del proyecto turístico en la Península de Magallanes entra en una etapa de definiciones tras la aprobación unánime de un pedido de informes en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
El Ejecutivo provincial prepara la documentación para remitirla a la Legislatura antes de una eventual citación al presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, tras el rechazo generado por el Decreto 915/26 firmado por el gobernador Claudio Vidal, el cual otorgó una excepción para autorizar la venta de una fracción en el área protegida situada frente al glaciar Perito Moreno.
Desde el Gobierno argumentan que la medida no constituye una venta de tierras fiscales. La norma establece una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” a la restricción dispuesta por el Decreto 994/17 para la transferencia del inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, destinado al desarrollo del “Master Plan Ecocentro”. Asimismo, remarcaron que el predio pertenece a privados desde la década del 60.
Entrevistado por radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el ex presidente del Consejo Agrario Provincial ebajo la gobernación del entonces gobernador Néstor Kirchner y luego con Alicia Kirchner, Javier de Urquiza, habló por primera vez y cuestionó la interpretación oficial. “Lo sigo con cierta y clara preocupación. Me da la impresión de que se está partiendo de una base errónea, una base equivocada“, sostuvo.
Antecedentes centrales
Detalló el origen del marco regulatorio actual. “Es cierto que en nuestra gestión hicimos un plan de manejo. Ese plan no es consecuencia de cualquier circunstancia. Durante más de 20 años los propietarios, que son más de 40 dentro de la reserva primero y parque provincial después, le reclamaban al Estado provincial la posibilidad de hacer desarrollos dentro del área protegida“, explicó De Urquiza.
El reclamo derivó en una resolución judicial de alcance federal. “Eso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte le dijo al Gobierno de Santa Cruz en el año 2021 que debíamos allanarnos a lo que ellos estaban planteando. Se ordenó hacer un plan de manejo en el término de 90 días y darle una solución al tema”, señaló.
“En base a eso se hizo el plan de manejo. Se generaron muchísimas reuniones con especialistas en el tema y gente que había hecho otros planes de manejo en el territorio nacional. Se puso en vigencia con el decreto correspondiente para darle la definición a ese plan de gestión, que tiene una vigencia de 4 años y se puede renovar o no”, indicó.
Diferenció la aprobación de proyectos de la transferencia de inmuebles. “El problema es que me da la impresión de que se quieren usar esos elementos para justificar algo que no está permitido en ningún lado, que es la venta de terrenos dentro de la Península de Magallanes. Está total y taxativamente prohibido por normas nacionales y provinciales“, afirmó.
“La norma dice claramente que si algún propietario de lotes en Península de Magallanes quiere vender el mismo, se lo tiene que ofrecer en venta a la Provincia. Eso es lo que dice claramente la legislación vigente”, fundamentó.
Respecto a las actuaciones previas sobre la fracción involucrada, recordó el estado del expediente. “En el final de nuestra gestión, la empresa Lacustre del Sud nos hizo una presentación de un proyecto dentro del marco del plan de gestión. A esa presentación se le hicieron correcciones y no se terminó de aprobar en nuestra gestión“, precisó.
El ex titular del CAP aclaró la condición domanial de la superficie. “No es que se está creando un área protegida en una superficie que no tiene dueños. En este caso sí los tiene. Por eso se le pidió a la Provincia que hiciéramos el plan de gestión en el año 2021”, puntualizó.
Encuadre legal
El ex presidente del organismo analizó los términos del instrumento firmado por la actual administración. “Está totalmente fuera de norma jurídica el autorizar una venta, por más que como dice el Decreto 915 sea por razones extraordinarias y por esta única vez. Eso no existe jurídicamente: o se autoriza o no se autoriza“, aseveró.
De Urquiza advirtió sobre el precedente administrativo que sienta la medida. “Creo que es muy difícil, si esto se llega a concretar, evitar una catarata de demandas de venta del resto de los propietarios de esos lotes, que van desde una hectárea y media hasta diez o más hectáreas”, estimó.
Sobre la fragilidad del entorno, remarcó la necesidad de preservar los recursos locales. “Es un espacio enfrente del glaciar Perito Moreno donde hay que tener cuidado con recursos naturales como el agua. Es un tema muy delicado y sensible. Los argumentos que se quieren plantear no me parece que sean sólidos”, señaló.
“Cualquier dueño de un predio en la Península sí puede hacer un proyecto de inversión si se enmarca en el plan de manejo. El error acá está en querer plantear que se pueda vender esa parcela para que otro haga ese plan de manejo“, sostuvo.
De Urquiza rechazó las atribuciones de responsabilidad sobre las decisiones previas. “Lo que estamos viendo de esta gestión es que a los errores que cometen quieren echarle la culpa al gobierno anterior. Nosotros como funcionarios del gobierno anterior nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, pero tampoco es aceptable que todo lo que hagan mal le echen la culpa al gobierno anterior. Después de casi tres años de gestión, deberán hacerse cargo de su propia conducción“, afirmó.
“Si salgo a hacer una declaración es porque realmente se está partiendo de una falta de verdad. Lo que no se puede hacer es convalidar que por una interpretación errónea se pueda ir contra la normativa vigente”, remarcó.
Finalmente, confirmó su disposición a asistir a la Cámara de Diputados en caso de ser requerido. “Si los diputados me convocan, por supuesto que sí. Los santacruceños tenemos que ser claros. Los errores que puede cometer un gobierno hay que tratar de corregirlos y no seguir caminando sobre ese mismo error“, concluyó.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia