La Cámara del Crímen citó a funcionarios a una audiencia de partes ante la querella presentada por el padre Juan Carlos Molina

El próximo martes 8 de julio, la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial convocó a una audiencia de partes para escuchar argumentos e intentar una conciliación, en el marco de la querella por calumnas e injurias que presentó el sacerdote Juan Carlos Molina, en representación propia y de la Fundación Valdocco.

La decisión la tomaron los jueces María Alejandra Vila (Presidenta), Jorde Daniel Yance y Marcelo Bersanelli (vocales). Los tres magistrados notificaron, en calidad de demandados a la titular del Consejo Provincial de Educación Iris Rasgido, al titular de Vialidad Provincial, Julio Bujer, al concejal de El Calafate, Juan Carlos Rueda y Manuel Miranda (delegado de Trabajo en El Calafate). También para el delegado gremial Daniel Vidal, el ex fiscal Gabriel Giordano y la ex ministra de Desarrollo Social y hoy secretaria de Estado de Igualdad, Jazmin Machiavelli.  En tanto como querellante y actor civil, fue citado el cura Molina.

“Hecho inédito”

La querella calificó de “hecho inédito” que “siete funcionarios y dirigentes del oficialismo” fueran citados a una “audiencia penal por calumnias e injurias” contra el padre Molina y la Fundación Valdocco.

Recuerdan que la audiencia de partes se estableció “en el marco del expediente N° 9174/25, y la audiencia de conciliación se realizará el próximo martes 8 de julio a las 9:30 hs en calle Malaspina N°41“.

En la demanda, el sacerdote, representado por el Dr. Matías Solano, sostiene que las personas demandadas “difundieron de forma pública y dolosa, a través de sus redes sociales, un video con contenido “absolutamente injuriante y calumnioso“, en el que se le atribuyen al Padre Molina “delitos gravísimos como fraude al Estado, corrupción con menores y enriquecimiento ilícito, sin sustento ni respaldo judicial alguno lo que afecta directamente a los residentes de las Comunidades terapéuticas y a toda la comunidada escolar de la Fundación en El Calafate”.

“Falsas Imputaciones”

La denuncia subraya el carácter falsario de las imputaciones, y destaca que “su difusión masiva formó parte de una estrategia deliberada para desacreditar políticamente al querellante, en el marco de un contexto de creciente hostigamiento contra organizaciones sociales y referentes cercanos a la gestión anterior”. Además de la querella penal, se promovió acción civil por daño moral.

El escrito judicial, que ahora deberán responder en audiencia de partes, los demandados, también “alerta sobre la conducta de los querellados en tanto funcionarios públicos, señalando que sus actos podrían configurar una grave vulneración a los principios de ética, legalidad y prudencia exigidos por la Ley de Ética Pública y el Código de Conducta del Estado”, se indicó en un comunicado.

De esta forma, consideran que esta dausa “podría marcar un precedente relevante en la provincia, donde no es frecuente ver a funcionarios en ejercicio teniendo que responder ante la Justicia por difamación pública. La audiencia convocada por la Cámara del Crimen será el primer paso de un proceso que, de no prosperar una conciliación, podría desembocar en una sentencia penal con condenas económicas y civiles para los involucrados” señalaron finalmente.