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Este viernes, el gobernador Claudio Vidal instruyó a la Fiscalía de Estado a realizar dos denuncias penales: una sobre el manejo y contratación de cooperativas, y otra sobre los costos de la realización del acto de asunción del nuevo gobierno.
En el caso de las cooperativas, el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, formuló denuncias penales ante las distintas fiscalías y juzgados de Instrucción de la provincia.
Según datos de la oficina fiscal, “de la información recabada surgen incompatibilidades de algunos de sus integrantes -que principalmente ocupan cargos de administración o fiscalización interna- y a su vez son empleados del Estado provincial, revistiendo planta permanente; otros se han desempeñado como asesores de diputados provinciales, y algunos de ellos integran sociedades comerciales”. Además, el informe detalla que “se ha detectado que existen anomalías, irregularidades e inconsistencias en la ejecución y control de las contrataciones”.
Inconsistencias, aclara, “entre la cantidad de personas que debían ser afectadas para prestar servicios, con la nómina del personal que efectivamente lo hizo, como así también entre la cantidad de horas de trabajo mensuales contratadas y abonadas con las efectivamente prestadas. En otros casos se ha detectado falsificación en la documentación que certifica los servicios prestados, emanada de los directores o responsables de los establecimientos escolares, como asimismo firmas posiblemente también adulteradas”.
Para la denuncia impulsada por el Gobierno es sospechosa “la falta de transparencia en la distribución de los anticipos de retornos entre los asociados por las horas trabajadas mensualmente. En muchos casos los trabajadores desconocen por completo qué es lo que se les abona y qué conceptos se le deducen, ya que en sus liquidaciones no se realizaría ningún tipo de discriminación en relación a la cantidad de horas trabajadas, valor de la hora contratada, conceptos deducidos, etc.”.
Para el acto de asunción se pagó la suma de $ 69.127.800,00, triplicando el valor presupuestado
Además, la Fiscalía de Estado presentó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, señalando que exfuncionarios contrataron de manera discrecional y direccionada al proveedor Felipe Alejandro Sotomayor, bajo los nombres de fantasía “CTRL+C” y “DRUGSTORE BAJO CERO”. Se pagó la suma de $ 69.127.800,00, triplicando el valor presupuestado por otros proveedores para servicios como escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering. Además, detalla, se le abonaron $ 4.800.000,00 por 300 packs de agua mineral, superando significativamente el valor de mercado.
La relación con ese proveedor no sería nueva, ya que desde la Subsecretaria de Servicios Financieros de dicho ministerio se informó que “durante el transcurso de 2023 se contrató en reiteradas oportunidades a Sotomayor, en forma directa, para proveer al Estado de diferentes insumos por monstruosas sumas millonarias”.
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