Este jueves ingresó el pedido de juicio político al presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Javier Ramos, y a las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán, por la presunta comisión de violación de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de sus funciones.

En concordancia con lo previsto en el artículo 139 de la Constitución Provincial, se procedió a la división de la Cámara de Diputados en Sala Acusadora y Sala Juzgadora por sorteo, quedando conformadas de la siguiente manera: la Sala Acusadora quedó integrada por Pedro Muñoz, Iris Rasgido, Karina Nieto, Pedro Valenzuela, José Bodlovic, Claudia Barrientos, Elba Ponce, Fernando Españón, Carlos Santi, Javier Jara, Agostina Mora y Fernando Martínez; mientras que la Sala Juzgadora quedó integrada por los diputados Piero Boffi, Rocío García, Víctor Chamorro, Carlos Alegría, José Luis Quiroga, Daniel Peralta, Fernando Pérez, Eloy Echazú, Fabiola Loreiro, Carlos Godoy, Santiago Aberastain y Cristian Ojeda.

De esta manera, el pedido de juicio político será analizado primero en la Sala Acusadora, para luego ser tratado en la Sala Juzgadora, donde se determinarán las sanciones correspondientes, teniendo en cuenta que ambas salas conforman el Tribunal de Enjuiciamiento que tiene la capacidad de destituir, remover o sancionar a los magistrados, fiscales, funcionarios judiciales, etcétera.

Cabe recordar que el vicegobernador Fabián Leguizamón había realizado -el mes de febrero pasado- una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos en contra del presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Javier Ramos, y de las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán.

Carlos Ramos, presidente del Tribunal de Cuentas.

Leguizamón había informado que dentro de los fundamentos se incluye la incompatibilidad de cargos por parentesco sanguíneo, y ejercicios, informes, balances y rendiciones faltantes o presentadas fuera de término, como el caso puntual del Ministerio de la Igualdad e Integración, que “nunca rindió cuenta alguna ante el Tribunal”, entre otros puntos.

“Entendemos que tanto la falta de control como la omisión fueron adrede y que incluso pudo existir cierta complicidad para permitir que ocurran hechos que beneficiaron a algunos personajes de la política”, había argumentado en su momento.

 

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