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Lázaro Báez, condenado a 15 años de prisión por las causas conocidas como la “ruta del dinero K” y “Vialidad“, fue trasladado este martes desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos, hasta el Hospital Regional de la capital santacruceña para someterse a controles médicos programados. El operativo estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que mantuvo la custodia del detenido durante todo el recorrido y su permanencia en el centro de salud.

El procedimiento incluyó un fuerte despliegue de seguridad, con móviles oficiales escoltando al empresario desde el penal hasta el nosocomio local. Según trascendió, permaneció algunas horas en el establecimiento para realizarse estudios clínicos de rutina, parte del seguimiento médico periódico destinado a internos de alto perfil alojados en unidades federales.

Concluidos los controles, fue llevado nuevamente a la Unidad N° 15, donde continúa cumpliendo su condena bajo régimen cerrado. Fuentes judiciales informaron que todo se desarrolló sin incidentes y conforme al protocolo habitual de custodia. Cabe recordar que Báez, de 69 años, fue diagnosticado previamente con hipertensión, diabetes mellitus y asma.

Así escoltaban a Lázaro Báez en el hospital de Río Gallegos.

Le negaron el pedido de prisión domiciliaria a Lázaro Báez

El pasado 29 de septiembre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa. La resolución dictada por los jueces Mariano Hernán BorinskyJavier Carbajo y Gustavo Hornos confirmó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOF 4), que había dispuesto su traslado a la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos para el cumplimiento efectivo de su condena por lavado de dinero agravado en la causa de la “ruta del dinero K“.

Báez cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica en una vivienda de El Calafate desde 2022. Su ingreso al penal se concretó el 11 de junio, luego de que el juez Néstor Costabel, presidente del TOF 4, fundamentara que la condena ya estaba firme, desestimando los argumentos de la defensa que buscaban mantener el beneficio de la domiciliaria.

La resolución apelada por la defensa de Báez había sido emitida por el TOF 4 después de que Casación devolviera el expediente para que se analizaran las constancias de la causa, especialmente las que estaban vinculadas a la situación de salud y la posible incidencia de la unificación de condenas en una pena única de 15 años de prisión, que comprende la condena de 10 años por lavado de activos agravado y la de seis años en el caso “Vialidad”, por defraudación contra la administración pública.

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