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Lázaro Báez volvió a Santa Cruz. Este viernes, el empresario se trasladó por tierra a El Calafate, luego de recibir la autorización de la Justicia, para seguir cumpliendo su condena. Se trata de su primer regreso a la provincia desde su detención en 2016, salvo por el entierro de su madre en 2018.
En este marco, un grupo de personas colgó un pasacalles, bajo el eslogan “trabajo y lealtad“, dando la bienvenida a Báez en la intersección de la Autovía “17 de Octubre” y avenida Asturias de Río Gallegos.
Fue el propio empresario el que replicó la imagen en sus redes sociales y escribió: “Deseo agradecerles a todas las personas que consideran que aún después de años de estar ausente en esta maravillosa provincia, aún tengo la posibilidad de darles una nueva esperanza de tener un trabajo y no tener que mendigar un plato de comida para su familia“.
En febrero, Báez solicitó al Tribunal Oral Federal 4 permiso para trasladarse, tribunal que lo condenó por la causa conocida como “La ruta del dinero K” y lo está juzgando por la compra de un campo en Uruguay. Después de cinco meses, y tras consultar con la Fiscalía y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, finalmente se le otorgó la autorización.
Según informó Infobae, aunque inicialmente se mencionó una dirección en Río Gallegos, finalmente Báez se instaló en una casa de la Costanera en El Calafate, conocida como la “casa del ascensor” por sus características particulares descubiertas durante un allanamiento en 2016.
Para evitar situaciones como las de 2020, cuando intentó mudarse a Pilar y enfrentó la oposición de los vecinos, los detalles de la mudanza se mantuvieron en reserva. Desde entonces, Báez ha cumplido su arresto domiciliario en San Vicente. Ahora vivirá en El Calafate con su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, cerca de sus cuatro hijos.
La situación judicial de Báez sigue siendo complicada. Fue condenado a 10 años por la “ruta del dinero K” y sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. En junio de este año, recibió una pena de 3 años y 6 meses por apropiación indebida de aportes de empleados en Austral Construcciones y otras empresas. Actualmente, está siendo juzgado por la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, con la Unidad de Información Financiera y la AFIP pidiendo penas de 9 y 7 años respectivamente.
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