Los incrementos de los salarios a los magistrados y funcionarios “no se fijan de manera unilateral”

La Comisión Directiva de la Asociación de la Magistratura y Función judicial de la Provincia de Santa Cruz dio a conocer su posición respecto de la controversia por el aumento de los sueldos, decisión resuelta por el Tribunal Superior de Justicia que fuera duramente cuestionada por el oficialismo provincial.

“Una vez más sostenemos que la independencia del Poder Judicial constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano de gobierno y una garantía institucional destinada a la protección de los derechos de la ciudadanía. Dicha independencia debe reflejarse en lo económico y la previsibilidad presupuestaria de éste poder del Estado”, indicaron.

Asimismo, sostuvieron que el diseño constitucional argentino reconoce la autonomía funcional del Poder Judicial y la necesidad de que cuente con los recursos suficientes para cumplir adecuadamente su misión. En ese marco, “el cumplimiento regular de las obligaciones presupuestarias y salariales no constituye una prerrogativa sectorial, sino una exigencia inherente al principio de división de poderes”, dijeron.

Más adelante, aclararon que “toda afectación al financiamiento del Poder Judicial sea mediante desinformación, imputaciones impropias o incumplimientos trasciende a quienes lo integran y repercute directamente en la vigencia del Estado de Derecho”. Y añadieron que la defensa del presupuesto judicial, del sistema salarial vigente y del respeto a las reglas constitucionales de financiamiento “no responde a intereses corporativos, sino al resguardo de una institución esencial para la democracia”.

También sostuvieron que en nuestro sistema actual, los incrementos de los salarios de la magistratura y funcionariado judicial “no se fijan de manera unilateral, ni responden a decisiones discrecionales del Tribunal Superior de Justicia; se trata de mecanismos establecidos en la pauta salarial convenida en el acta paritaria nro. 31 del año 2009, conforme a referencias de las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con parámetros objetivos y criterios de legalidad”.

En el mismo orden de cosas, afirmaron que el sueldo básico de referencia de toda la pauta salarial es el del cargo de un/a Vocal del Tribunal Superior de Justicia que influye en todos los escalafones judiciales, debiendo respetarse la proporcionalidad de las diferentes categorías.

“Mostrar dichos incrementos como privilegios aislados o arbitrarios constituye una distorsión del régimen legal vigente, ya que dicho criterio se ha venido aplicando desde el año 2009. Cada vez que se producen retrasos, congelamientos o incumplimientos salariales, el impacto afecta a todo el Poder Judicial, sin distinciones”, subrayaron.

Por otra parte, “la atribución pública de responsabilidades al Poder Judicial por decisiones y gestiones que corresponden al Poder Ejecutivo no solo es inexacta, sino que erosiona la confianza institucional, debilita la independencia judicial y desvía el eje del debate público de los verdaderos problemas estructurales que atraviesa la provincia y que son responsabilidad de los otros poderes estatales, no del judicial”.

Antes de la finalizar, la Asociación de Magistrados indicó que el “respeto por la división de poderes exige precisión, responsabilidad y honestidad discursiva, especialmente por parte de quienes ocupan cargos públicos o inciden en la formación de opinión pública”. Y concluyeron: “Desde esta Asociación reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial; la transparencia institucional y el respeto por los derechos laborales de quienes integran el Poder Judicial Santacruceño”.