Pasó al archivo la creación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Cruz

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Cruz había dado despacho al proyecto de ley que proponía crear el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia, con sede en Río Gallegos y delegaciones en otras localidades de acuerdo con la cantidad de matriculados y la densidad demográfica.

Sin embargo, al momento del tratamiento este jueves en el recinto, el proyecto presentado por los diputados Adriana Nieto y Santiago Aberastain (bloque Por Santa Cruz) consiguió tan sólo nueve votos y pasó al archivo.

La iniciativa, fechada el 26 de agosto de 2026, establecía que el ejercicio de la actividad profesional en Santa Cruz estaría regido por la legislación nacional vigente y por las disposiciones de la nueva norma.

El futuro Colegio funcionaría como una persona jurídica de Derecho Público no estatal y tendría entre sus principales atribuciones otorgar la matrícula habilitante, llevar el registro y legajo de cada profesional, confeccionar las listas de martilleros y corredores que serán presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia y fiscalizar el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, la semana pasada desde la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) habían publicado una solicitada en la que reclamaba a la Cámara de Diputados de Santa Cruz suspender el tratamiento.

La entidad, que representa a cerca del 90% de las oficinas inmobiliarias que funcionan en Santa Cruz, sostenía que la iniciativa no contaba con el consenso del sector y advertía sobre posibles consecuencias jurídicas, económicas y territoriales si avanza en los términos actuales.

Uno de los principales cuestionamientos de la ACIS estaba relacionado con el alcance que tendría la colegiación obligatoria y la exigencia de una titulación específica para desarrollar actividades vinculadas al sector inmobiliario. Según planteaba la asociación, estas disposiciones podrían afectar la libertad de trabajo y asociación contemplada por la Constitución Nacional.

También advertía que nuevas exigencias de matriculación o titulación para establecimientos que actualmente funcionan de manera legal podrían desconocer derechos adquiridos y afectar a quienes desarrollan la actividad bajo el marco normativo vigente.