Políticas de igualdad en Santa Cruz: $192 millones asignados y una ejecución inferior al 1%

Durante la presentación del Segundo Informe de Gestión 2025 en la Legislatura de Santa Cruz, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez expuso cifras clave sobre el presupuesto provincial destinado a políticas de igualdad, diversidad y abordaje de las violencias por razones de género, un eje que generó especial interés entre los diputados.

Según detalló, las políticas de género de la provincia se dividen en dos grandes componentes presupuestarios, ambos con ejecución extremadamente baja pese a la asignación millonaria prevista para el año.

El primer componente corresponde al Programa de Abordaje Integral contra la Violencia por Razones de Género, orientado al acompañamiento territorial y a la intervención en situaciones de violencia. Este programa, junto al Programa “Santa Cruz por Más Igualdad”, recibió un crédito inicial de $66.631.781.

Álvarez confirmó que a la fecha no se registró ejecución presupuestaria, lo que implica que únicamente el 0,15% del presupuesto asignado fue utilizado de manera formal. La falta de movimientos en el sistema refleja, según explicó, limitaciones administrativas y no una ausencia de intervenciones.

El segundo eje presupuestario es el Programa de Políticas de Promoción de Igualdad e Integración, destinado a: capacitaciones en igualdad e integración, políticas transversales de género, fortalecimiento institucional, programas de inclusión e inserción laboral, políticas de cuidados con perspectiva de género y diversidad.

Este programa tuvo un crédito inicial de $125.802.597, pero solo $425.000 fueron efectivamente ejecutados, es decir, apenas el 0,34%.

La ejecución total, es sólo el 0,42% del presupuesto del área

Sumados ambos programas, la ejecución global alcanza apenas el 0,42% del presupuesto total asignado al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración para políticas de igualdad y género.

Álvarez aclaró que el bajo porcentaje no implica ausencia de acciones, ya que la asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad se gestionó a través del Área de Coordinación de Asistencias. La limitación central es administrativa: la Secretaría de Estado de Igualdad aún no cuenta con habilitación para registrar sus intervenciones en el Sistema Único de Información, lo que impide formalizar las ejecuciones dentro del presupuesto.