Provincia niega un “congelamiento salarial” y busca abrir el diálogo, pero ADOSAC mantiene el reclamo

La antesala del ciclo lectivo 2026 en Santa Cruz volvió a tensarse antes de su inicio. Mientras que el Gobierno de Santa Cruz aseguró que “no habrá congelamiento salarial” y propuso abrir una instancia de trabajo conjunto, ADOSAC reiteró su preocupación por la “pérdida de puestos laborales”, la reorganización de cargos y la falta de definiciones salariales en un contexto económico que califican como incierto.

El Gobierno provincial envió el 23 de febrero una comunicación formal al sindicato en la que manifestó su intención de “restablecer el vínculo para una construcción colectiva de la política educativa santacruceña”, con el objetivo de garantizar previsibilidad al sector y asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo. En ese documento, el Ejecutivo se comprometió a sostener los puestos de trabajo docentes que se encontraban bajo la modalidad de resguardo, garantizar el salario íntegro de marzo para esos trabajadores y revisar durante ese mes las Plantas Orgánicas Funcionales en mesas técnicas junto a los gremios.

Además, propuso reconfigurar los ofrecimientos públicos de cargos y horas cátedra con un esquema que priorice a los docentes alcanzados por esa modalidad laboral, y avanzar hacia un “pacto educativo” con participación de distintos sectores sociales. El mensaje oficial reconoció el escenario financiero complejo de la provincia, marcado por la caída de ingresos por coparticipación nacional, la eliminación de programas financiados por Nación y un presupuesto deficitario que no contemplaba pauta salarial. Aun así, buscó llevar una señal política clara al sector: la administración sostuvo que no habrá congelamiento de sueldos y afirmó que en los últimos dos años los salarios docentes lograron recuperarse frente a la inflación, anticipando la apertura de mesas paritarias durante marzo.

La respuesta sindical, sin embargo, se mantiene en un registro de fuerte preocupación. En presentaciones realizadas el 21 y 22 de febrero, ADOSAC solicitó suspender de manera urgente los actos públicos de ofrecimiento de cargos hasta tanto se reviertan las modificaciones en las plantas funcionales que, según denunciaron, reducen puestos de trabajo y no contemplan la realidad de las instituciones educativas. El gremio advirtió que las decisiones adoptadas implican bajas de docentes, falta de consideración de situaciones de salud laboral o proximidad jubilatoria y un rediseño que impacta en la organización escolar.

El planteo también incluyó cuestionamientos pedagógicos. Desde el sindicato señalaron que la reorganización puede derivar en cursos más numerosos, con secciones que superarían los treinta estudiantes en primaria, lo que —afirman— contradice los objetivos oficiales de mejora en alfabetización y calidad educativa. Para la organización gremial, la discusión no debe limitarse a la distribución de cargos sino abarcar condiciones de enseñanza, inclusión y recursos humanos adecuados, incluyendo la creación de nuevos roles pedagógicos y equipos interdisciplinarios.

En ese marco, ADOSAC insistió en que se sostengan las plantas funcionales vigentes en 2024 como base de estabilidad laboral para 2026 y reclamó la convocatoria urgente a paritarias para abordar tanto la situación salarial como los aspectos laborales estructurales. Los documentos difundidos reflejan además el clima de incertidumbre que atraviesa al sector, con docentes que —según expresaron— dependen de un único ingreso y enfrentan un escenario económico que perciben como cada vez más restrictivo.

El intercambio deja en evidencia dos lecturas distintas sobre el mismo momento. Para el Gobierno, la prioridad es ordenar el sistema en un contexto fiscal adverso sin interrumpir el calendario escolar y abrir una negociación que permita recomponer gradualmente las variables salariales. Para el gremio, en cambio, las medidas en curso ya generan un ajuste de hecho que pone en riesgo puestos de trabajo y condiciones pedagógicas, por lo que exigen garantías previas antes de avanzar.

Con el inicio de clases en el horizonte inmediato, marzo aparece como un mes clave. La apertura de paritarias y las mesas técnicas prometidas serán el primer test para saber si el conflicto encuentra un cauce institucional o si la tensión vuelve a trasladarse a las escuelas y a la calle. En una provincia donde la educación pública ha sido históricamente un termómetro social, el desafío será transformar las declaraciones de voluntad en acuerdos concretos que lleven certidumbre a las aulas.