Qué dice la Emergencia Administrativa, el proyecto que envió el Ejecutivo a la Legislatura

El Poder Ejecutivo de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar “el estado de emergencia administrativa y alimentaria en la prestación y adquisición de insumos y alimentos en el área de educación, salud y desarrollo social a cargo de la administración pública provincial centralizada”.

Según se desprende del articulado del texto -al que tuvo acceso La Opinión Austral– la emergencia “tendrá plazo de duración de tres meses a partir de su entrada en vigencia prorrogable con la anuencia del Poder Legislativo”.

Asimismo, se supedita “todo trámite de adquisición de bienes, contratación de servicios y de obras, en el ámbito de la salud, la educación y desarrollo social, en cuanto a contratación de servicios, así como todo otro acto administrativo que implique compromiso de erogaciones a cargo del Estado provincial en cualquier modalidad, a la previa autorización expresa por parte del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura”.

En ese sentido, se autoriza “Ministerio Desarrollo Social Igualdad e Integración, Ministerio De Salud y Ambiente y Consejo Provincial de Educación, a contratar de manera directa y excepcional y por el término antes citado la ejecución de obras, la provisión de bienes, servicios y alimentos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de las funciones estatales, mantenimiento de la infraestructura y la provisión de servicios públicos, durante el plazo de vigencia de la emergencia declarada”.

El artículo 4 del texto de la emergencia, además, crea “la Comisión de Seguimiento de la presente ley de emergencia, en el ámbito de la Cámara de Diputados, la que estará integrada por tres diputados, uno por cada bloque político parlamentario” y tendrá por función “requerir al Poder Ejecutivo la información que considere necesaria y practicar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes en función de las previsiones de la presente ley”.

Qué dicen los considerandos de la iniciativa

“La situación macroeconómica actual ha generado una serie de desafíos para el sector público provincial en cuanto a la provisión de servicios esenciales, la ejecución de obras, la compra de alimentos y la adquisición de suministros. La falta de actualización de precios, el aumento sostenido de la inflación y la consecuente dificultad para establecer precios de mercado, han impactado negativamente en los procesos de contratación pública”, explica el texto de los argumentos de la iniciativa.

En ese sentido, explica que “esta situación ha afectado directamente la capacidad del Estado provincial para garantizar el normal funcionamiento de servicios básicos, como la educación y la salud pública. Además, el mantenimiento de la infraestructura pública, incluyendo escuelas y centros de salud, espacios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad de Integración y del Ministerio de Salud y Ambiente, se ha visto comprometido debido a la imposibilidad de llevar a cabo obras y adquirir los materiales necesarios en tiempo y forma”.

Recuerda, además, que esa situación “se ha evidenciado en los últimos meses, en hechos concretos que son de público y notorio conocimiento, consistentes en la falta de insumos médicos en nosocomios y centros de salud, derrumbes de mamposterías de edificios escolares, falta de calefacción en colegios como consecuencia de la inexistencia de repuestos en stock, la necesidad urgente de proveer alimentos y la copa de leche a escuelas, entre otros”.

Señala que, “en respuesta a esta problemática, se propone declarar la emergencia administrativa y alimentaria, lo que permitiría al sector público provincial contar con herramientas excepcionales para agilizar los procesos de contratación y asegurar la continuidad de los servicios esenciales como salud educación y desarrollo social. Esta medida estaría sujeta a la supervisión y autorización del Ministerio de Economía”.

En consecuencia, el texto de la iniciativa recuerda que “la función administrativa – entendida como aquella actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran- no puede interrumpirse; siendo necesario declarar la emergencia y a adoptar medidas de excepción tendientes a garantizar Estado” y señala que “es intención de esta gestión de gobierno, contar con las herramientas necesarias para la promoción del bienestar general, sin que ello implique un menoscabo a los principios y controles imperantes”.