Reforma Laboral: la Justicia nacional de Trabajo suspendió la escencialidad educativa

La justicia nacional del trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del artículo 101 de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional. El fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 deja sin efecto la declaración de la educación como un servicio esencial en todos sus niveles.

Esta normativa pretendía obligar a los sindicatos docentes a garantizar un 75% de prestación del servicio durante cualquier medida de fuerza. Lo anterior representaba una limitación directa al derecho a huelga, según los fundamentos de la resolución judicial.

Santa Cruz

En diálogo con La Opinión Austral, el secretario general de SADOP Santa Cruz, Andrés Álvarez, analizó el impacto de esta decisión para los trabajadores del sector. El dirigente explicó que la intención oficial era neutralizar la capacidad de protesta de las organizaciones gremiales mediante la imposición de guardias mínimas.

Según manifestó el referente sindical, “esta medida venía a cortar cualquier tipo de reclamo sindical“. Álvarez consideró que, al obligar a garantizar la jornada educativa de esa manera, se “dejaría sin efecto cualquier tipo de medida que se pueda llevar adelante“.

El dirigente detalló que la figura de la esencialidad funcionaba como un mecanismo de presión del Estado sobre las asociaciones de base. Al respecto, señaló que si un sindicato convoca a una medida de fuerza, lo primero que evalúa el Ministerio de Trabajo es si se está garantizando dicha prestación.

“Si no estás garantizando, te puede intervenir el sindicato o tomar medidas“, advirtió el secretario general sobre las posibles consecuencias que enfrentaban las entidades gremiales bajo el régimen que ahora quedó suspendido por la justicia.

Respecto a la naturaleza de la actividad, el titular de SADOP fue tajante al calificar la normativa como inconstitucional. “Nosotros no somos una actividad esencial como lo plantea este nuevo gobierno“, sentenció el representante de los docentes privados.

Álvarez sostuvo que la inclusión de la educación en esa categoría respondía únicamente a intereses políticos para evitar el conflicto en las aulas. “Nos meten a nosotros para ellos querer garantizar las jornadas educativas y, en realidad, quieren garantizar que el ámbito educativo no realice ningún tipo de medida de fuerza. Esa es la verdad“, afirmó.

Finalmente, el dirigente destacó que este revés judicial es el resultado de una estrategia colectiva sostenida desde la central obrera nacional. Según explicó, “a través de la CGT, nosotros tenemos una banca” y, desde la secretaría que ocupa el gremio, se venía reclamando por este punto específico.

“Dentro de eso quedó la esencialidad, de la cual partían con esa idea para que no se pudiera hacer ningún tipo de medida de fuerza“, concluyó Álvarez en relación a la maniobra legal que buscaba limitar el derecho a la protesta docente.