A mediados de marzo, la UTE Represas Patagonia -integrada por las empresas Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo-, a cargo de la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cépernic” sobre el río Santa Cruz, había anunciado que prescindirían de parte del personal -que luego se supo que se trataba de 1.800 trabajadores- de la obra debido a falta de fondos para continuar el proyecto.

En ese contexto, el gobierno provincial de Claudio Vidal dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia entre la UTE y el ministerio de Trabajo de Santa Cruz. Sin embargo, Represas Patagonia emitió un comunicado indicando las razones por las que no puede acatar tal medida. “La suspensión de las actividades en las obras no fue, ni es, intención de las empresas, sino consecuencia de un contexto que las excede”, habían señalado.

En ese texto, advertían también que, desde principios de febrero de este año, se había iniciado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación un procedimiento preventivo de crisis “que se desarrolló y concluyó con la participación de Energía Argentina (ENARSA), Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA).

Por tanto, habían informado que “no es posible continuar afrontando erogaciones de salarios de personal, que excedan lo correspondiente a estas tareas básicas, sin actividad certificable ni fondos disponibles por el comitente para afrontar su pago”.

Lo cierto es que los primeros 1.800 despidos llegaron para los trabajadores jornales que se encontraban nucleados en la UOCRA. Según pudo confirmar La Opinión Austral, a eso, ahora se sumaron otras 400 desvinculaciones de trabajadores mensuales, que pertenecen al gremio UECARA.

Actualmente y tal como lo habían anticipado desde la UTE, en ambas obras de las represas sobre el río Santa Cruz el lugar sólo se realizan tareas básicas para garantizar su mantenimiento, como así labores de seguridad en el mismo sentido.

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